En el marco de la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, Brenda Ángeles Romero, abogada especialista en comercio exterior de Casaduana, advierte que los cambios podrían afectar la competitividad y encarecer las operaciones del transporte de carga; además de que el proyecto traslada a los particulares responsabilidades que deberían permanecer en la autoridad.

“El agente aduanal no es un servidor público, sino un coadyuvante del Estado. Esta reforma impone obligaciones que rebasan sus facultades y los deja vulnerables ante sanciones injustas”, señaló durante su participación en el podcast Ruta TyT.

Agregó que, de acuerdo con el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la iniciativa busca simplificar trámites, digitalizar procesos y fortalecer la fiscalización.

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No obstante, señaló que uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de la responsabilidad solidaria del agente aduanal, quien podría ser sancionado incluso si los errores provienen de la información proporcionada por el cliente. Esta medida, señala Ángeles Romero, elevará los costos de operación al requerir verificaciones adicionales, asesoría legal y seguros especializados.

La especialista advierte que los transportistas también enfrentarán mayor escrutinio, pues son parte del despacho aduanero como poseedores de la mercancía ante la autoridad. “Si algo no coincide, el operador o la empresa pueden ser señalados como corresponsables”, explicó.

Cabe recordar que este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley Aduanera, con una modificación para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

El dictamen fue votado con un cambio en el artículo transitorio primero, derivado de una reserva propuesta por el morenista Homero Davis Castro, para que la reforma a la ley entre en vigor en 2026.

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Efectos en la logística y el comercio exterior

La experta de Casaduana detalló que los nuevos procedimientos podrían ralentizar las operaciones aduaneras y aumentar la congestión en puertos y terminales, afectando la eficiencia de la cadena logística. A ello se suma el riesgo de que los mayores tiempos de revisión y los nuevos requisitos se traduzcan en más costos para transportistas y clientes.

“México necesita modernizar sus aduanas, pero no con una visión punitiva”, advirtió. “Lo que se propone puede frenar la fluidez del comercio exterior justo cuando el país debería aprovechar el nearshoring”.

Otro aspecto crítico, añadió, es el endurecimiento de sanciones, que podrían alcanzar hasta el 200% del valor de la mercancía; y consideró que, ante la falta de capacidad técnica y humana para aplicar correctamente la ley, esto abre espacio a la discrecionalidad y la corrupción.

“En lugar de una verdadera facilitación aduanera, se corre el riesgo de generar incertidumbre y desalentar la formalidad”.

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Impacto directo en el transporte

El autotransporte de carga deberá reforzar su control documental y selección de clientes, además de capacitar a su personal en temas de cumplimiento aduanero. Las empresas certificadas bajo esquemas como Operador Económico Autorizado (OEA) tendrán ventajas al poder acreditar buenas prácticas ante la autoridad.

“Hoy más que nunca, los transportistas deben cuidar a quién le mueven mercancías y cómo respaldan sus operaciones”, insistió Ángeles.

Aunque la reforma aún se encuentra en discusión en el Senado, el sector logístico teme que avance sin modificaciones sustanciales, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados.

“Lo que se necesita es diálogo entre autoridades y sector privado”, concluyó Ángeles Romero. “Una reforma que promueva eficiencia, no que castigue a quienes sí cumplen”.

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