En una industria donde el margen de ganancia es tan estrecho, en donde la eficiencia es una de las prioridades para que los tractocamiones rueden más y en mejores condiciones, hablar de empresas socialmente responsables podría parecer lejano, sin embargo, cada vez son más las compañías de autotransporte que han implementado estas prácticas que, además, han abonado a su rentabilidad.

Un caso de éxito se dio en Fletes Ávila, una empresa michoacana que hace siete años decidió dar este salto, y todo fue a raíz de un accidente que tuvo uno de sus operadores, debido a un tema de fatiga crónica, de tal manera que concentraron sus esfuerzos en construir un bienestar integral para todos sus colaboradores y también para el entorno. 

El primer paso fue una inversión masiva y de largo aliento en la implementación de una estrategia de responsabilidad social empresarial para permear cada eslabón de su cadena de valor. El proyecto se estructuró en tres pilares fundamentales: el ambiental, el social y el de gobernanza.

La compañía implementó un campaña de reforestación en compañía de las familias de los operadores, a fin de hacer un esfuerzo por el planeta y, al mismo tiempo, acercar a todos los miembros que la componen. 

También realizó una serie de donaciones a escuelas y centros de salud, con el firme objetivo de fomentar la educación para comunidades de escasos recursos y también llevarles atención médica y medicinas. 

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Por último, y quizá más retador, fue desarrollar un protocolo de cumplimiento que fuera más allá del marco normativo, a fin de ofrecer mejores condiciones laborales a sus empleados y robustecer sus procesos operativos sin comprometer la rentabilidad. 

La empresa se enfocó en propiciar un ambiente de trabajo seguro y digno, salarios justos y competitivos, y ofrecer prestaciones superiores a las de la ley, lo que incluye programas de salud mental y física, flexibilidad laboral y oportunidades de crecimiento.

Pero no es todo, ya que también cimentaron un pilar relacionado con ética y derechos humanos para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por género, etnia, orientación sexual o discapacidad. Además de establecer políticas de cero tolerancia al acoso laboral y cualquier forma de explotación.

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