El Paquete Económico 2026 vino acompañado de la presentación de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, misma que tuvo verificativo el 9 de septiembre de 2025, y con lo cual formalmente dio inicio su proceso legislativo.

Tan solo nueve días después, y ante la preocupación e incertidumbre que dicha iniciativa generó por su contenido –principalmente en el gremio de los agentes aduanales, transportistas, importadores, exportadores, y demás actores de la cadena de suministro–, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados informó en sesión que se llevarían a cabo dos reuniones para su análisis. 

La primera, con representantes de la Subsecretaría de Ingresos y de la Unidad de Legislación Tributaria, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía; mientras que, en una segunda reunión, se escucharía a representantes del sector privado como agentes aduanales, importadores, empresas de mensajería y paquetería, recintos fiscalizados estratégicos, miembros de asociaciones y cámaras de diversos sectores de la industria, entre otros actores logísticos, con la finalidad de darles voz y que tuvieran la oportunidad de dar a conocer sus argumentos a favor o en contra de la citada reforma.

Sin embargo, dicho esfuerzo fue en vano, en virtud de que la iniciativa de reforma de Ley Aduanera fue aprobada en lo general y en lo particular tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, logrando tan solo que la patente de agente aduanal y autorización de agencia aduanal tenga una vigencia de 20 años en lugar de los 10 propuestos inicialmente, con opción a obtener prórroga y que la nueva obligación de los agentes aduanales de certificarse sea cada tres años y no cada dos, de acuerdo con lo que en su momento se establezca mediante reglas.

Es decir, en el texto de la reforma prevalece, por un lado, la atribución de un alto grado de responsabilidad al agente aduanal, al eliminarse las excluyentes de la misma; el incremento de requisitos para operar, causales de suspensión y cancelación de la patente aduanal, el aumento desmedido en las sanciones aplicables a diversas infracciones, así como considerar el incumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial como causal de embargo precautorio de las mercancías. 

A lo anterior se suma una carga administrativa para los importadores y exportadores para la debida integración del expediente electrónico de cada una de sus operaciones con requerimientos especiales para las empresas que cuenten con Programa IMMEX y certificación IVA e IEPS, aspectos sobre los cuales se pronunció la Cámara de Comercio Internacional México mediante un comunicado: alertó sobre los riesgos de la reforma a la Ley Aduanera y propuso una agenda de modernización equilibrada.

Asimismo, la reforma prevé que, si la autoridad aduanera identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá efectuarle un requerimiento de información y de documentación adicional tanto al contribuyente afectado, como a terceros. Entonces, estamos ante lo que será una de las reformas de mayor impacto propuesta por la actual administración, que marcará el avance o retroceso del comercio exterior en México, y lo cierto es que será el tiempo el que indudablemente nos dé esa respuesta. 

Ley Aduanera y el aumento de costos

También es cierto que a corto plazo, de acuerdo con análisis de diversos sectores, habrá grandes retos, entre los que destacan: el incremento de tarifas de agentes aduanales, de transportistas, terminales y otros proveedores logísticos; retrasos en la operación aduanera, aumento de precios exhaustivos en aduana, saturación en puertos y aeropuertos, posibles altos índices de corrupción ante las multas excesivas en más de 200% y probable rechazo de parte de agentes aduanales para atender sectores sensibles como la industria química y del acero, entre otras, ante la responsabilidad total y directa que se les pretende atribuir. 

Así las cosas, y como lo hemos venido analizando en este espacio, se vislumbra un escenario retador para el comercio exterior mexicano, sus actores, y la inversión, principalmente para los importadores, exportadores, agentes aduanales y transportistas. De ahí que es de suma importancia prepararnos y ocuparnos al interior de nuestras organizaciones con la implementación de programas de compliance fiscal, aduanero y penal. Ante este panorama, se debe considerar como parte del presupuesto para el siguiente año una partida exprofeso para dichos programas, capacitación respecto de las modificaciones que integran la reforma a la Ley Aduanera y, sobre todo, el incremento de tarifas por parte de proveedores logísticos, pues como se ha comentado, impactarán en todos los sectores de la industria.

Brenda Angeles Romero
Abogada especialista en comercio exterior en CASADUANA
Red X @BrendaAngRom 
bangeles@casaduana.com
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