“Mi hijo, mi hermano, dos operadores más y yo no hemos conseguido cita para revalidar el apto médico. Nos ofrecían una en Tuxpan por 18,000 pesos y, a reserva de alcanzar, hay mucho coyotaje ante la falta de capacidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, afirma Rubén, un transportista con sede en el Estado de México. Aun bajo este panorama, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planteó un recorte de 19.3% real en el presupuesto de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT).

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el Gobierno federal asignó 109 millones 972 mil pesos a la Dirección responsable de evaluar las condiciones físicas y psicológicas de los operadores del transporte federal, a través del Examen Psicofísico Integral. Se trata de 21 millones 661 mil pesos menos respecto al presupuesto aprobado para el año en curso.

La capacidad ya es limitada

Este recorte llega en medio de una falta de infraestructura y personal médico para atender la demanda generada en el transporte. “La mayoría de las delegaciones de la SICT, si no es que todas, están rebasadas y muchas se han declarado incapaces de poder atender a más operadores. Pedimos una solución, porque traemos a muchos conductores fuera de orden, con sus licencias y aptos médicos vencidos”, afirma un empresario de Nuevo León que prefiere omitir su nombre.

Esta situación no es nueva; lo preocupante para los operadores y empresarios transportistas es que, en lugar de solucionarse, se agudiza. Para el año en curso, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte ya enfrenta un recorte de 19% en su presupuesto, lo que le impide contratar a más personal médico para atender la demanda del autotransporte, al menos en estados relevantes por su dinamismo manufacturero.

En Baja California trabajan con precariedades: les falta personal, laboran solamente con dos médicos y se necesitan al menos tres veces más, pero no hay presupuesto. Las vacantes están, pero no tienen cómo pagarles”, comparte el directivo de una empresa establecida en el noroeste del país.

De los 109 millones 972 mil pesos contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 106 millones 558 mil pesos se destinan a servicios personales (pago de nóminas), 13.8% menos respecto al presupuesto aprobado para 2025. Es decir, esto podría traducirse en un mayor recorte de personal.

Adicionalmente, se consideran 3 millones 414 mil pesos para gasto de inversión.

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Deficiencias abren la puerta a abusos en el autotransporte

El autotransporte de carga y quienes trabajan como operadores no pueden parar. Rubén acepta que actualmente conduce sin licencia vigente, debido a que no ha obtenido el apto médico. Evidentemente le preocupa no cumplir con las reglas, así como las multas y sanciones que puede enfrentar. “A veces ‘andas chueco’, porque no te permiten andar derecho y la policía de tránsito, la estatal, la municipal y la ministerial se aprovechan, y es cuando recurres al coyotaje, donde hay mucho fraude”, asevera el hombre-camión.

Así están las cosas en este país. Respecto al trámite de examen médico, para los refrendos, es complicado entrar al sistema, entonces tienes que dar un ‘moche’ para que logres entrar y te den una cita. Si quieres hacer las cosas bien pueden pasar meses y no se va a poder, pero necesitamos trabajar, yo todavía tengo un jovencito de 16 años estudiando”, afirma Daniel, un experimentado operador que labora para una línea transportista.

Daniel recuerda cuando la cita para el Examen Psicofísico se obtenía con una semana de antelación en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. Ahora, el operador comienza a gestionar su revisión con tres meses de anticipación para evitar contratiempos; sin embargo, admite que no siempre se logra.

En Facebook, operadores han creado grupos para compartir información sobre los aptos médicos de la SICT, donde advierten sobre personas que se dedican a estafarlos e, incluso, se presentan como funcionarios de la Secretaría a cargo de Jesús Esteva Medina. Los cobros, de acuerdo con fuentes consultadas, van de 8,000 a 20,000 pesos; muchos de ellos son un engaño.

Gobierno ‘le pasa la tijera’ a la DGAF

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) no es la única que enfrenta un recorte presupuestal. Para la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) se propusieron 217 millones 897 mil pesos para 2026, lo que representa 29.5% menos respecto al presupuesto aprobado para 2025.

Esta Dirección, encabezada por Luis Ruiz Hernández, también presenta deficiencias en su operación, con fallas en los sistemas de gestión, retrasos en trámites y falta de papelería. En junio pasado, la DGAF sostuvo que sus tiempos de atención cumplen con las normativas aplicables, tras señalamientos de que enfrenta una “grave crisis” administrativa y operativa por parte de un grupo de transportistas.

Sin embargo, los empresarios del autotransporte federal sostienen que esperar de uno a dos meses para obtener una baja y un alta significa un daño para las compañías, en especial en un contexto de menores ingresos.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se plantean 215 millones 842 mil pesos para servicios personales, una cifra 13.3% inferior al presupuesto aprobado para este año. Además, se incluyen 2 millones 55 mil pesos en gasto de inversión.

En reiteradas ocasiones, Revista TyT ha solicitado una entrevista al titular de la DGAF para hablar sobre la situación, así como para difundir información que dé certidumbre a los participantes en el Autotransporte federal; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

El Poder Legislativo tiene hasta el 15 de noviembre para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos para 2026; sin embargo, en años pasados, los recursos planteados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dentro del Paquete Económico no han sufrido cambios significativos en el Congreso.

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