La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no contempla un justo equilibrio entre la movilidad de las personas y las mercancías, sostuvo Ramón Medrano, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Durante su participación en el Parlamento Abierto en materia de la Ley General de Movilidad y seguridad Vial, organizado por la Cámara de Diputados, el líder de Canacar sostuvo que la Ley discutida debe limitarse a temas de movilidad y seguridad vial, no a regular al autotransporte de carga.
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“Desde nuestra óptica esta Ley (General de Movilidad y Seguridad Vial) no contempla un justo equilibrio entre la movilidad de las personas y las mercancías (…)
Deben quedar claras las facultades de los artículos 4 y 73, fracción XXIX-C que derivan de la reforma constitucional (…) y no pretender regular al transporte de carga, ya que la facultad de esta actividad deriva del artículo 73 fracción XVII de nuestra constitución”.
Ramón Medrano, presidente nacional de Canacar.
Ante la situación, el representante de los transportistas consideró importante derogar la facultad que señala el artículo 1 fracción VIII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Durante la actividad liderada por el presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara baja, Salomón Chertorivsky, Medrano Ibarra sostuvo que las políticas adoptadas para prever y reducir los accidentes viales no deben restringir la operación de los vehículos de carga.
Consideramos que las políticas y sistemas que se adopten para prevenir y reducir los accidentes no deben de ir enfocados a restringir en días, horarios y vías el desplazamiento de vehículos y mercancías, situación que impactaría de manera negativa e inmediata a la logística, productividad y competitividad del país”.
Ramón Medrano, presidente nacional de Canacar.
En este contexto, añadió que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial – en el que participan los tres niveles de gobierno– debe considerar como base las reglas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de regular a los permisionarios del servicio público federal.
Creemos que la prioridad en el uso de la vía pública, tanto en las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad y seguridad vial, debe estar determinado por la federación, las entidades federativas y los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de acuerdo con sus respectivas competencias”.
Ramón Medrano, presidente nacional de Canacar.
Ante diputados y especialistas en la materia hizo un llamado a voltear a ver la Ley General de Autotransporte que sustituye la presente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ya que no considera las condiciones actuales en las que operan las empresas.
Medrano Ibarra expuso que tras los desafíos de la seguridad vial no solo está la configuración vehicular, sino una serie de factores que influyen en la reducción de los accidentes viales, los cuales involucran a la infraestructura, capacitación de conductores, la señalización, la planificación urbana y las condiciones físico-mecánicas de las unidades, entre otros aspectos.
El desafío de la seguridad vial, no se resolverá con la implementación de políticas que limiten días, horarios y vías de desplazamiento de los vehículos y mercancías, reiteró.
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Finalmente, llamó a los participantes a abordar la problemática desde una perspectiva integral que brinde la certeza de los sistemas de transporte mediante un marco normativo que sustente y soporte un justo equilibrio entre las personas y la vida económica del país.
Se prevé que el Parlamento Abierto sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial concluya a las 18:30 horas con la participación de 28 panelistas.
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