La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) señaló que entre el 45 y el 50% de las empresas del sector operan de manera irregular.
Ante esta situación, Raymundo Mancera Sandoval, presidente de AMESIS, hizo un llamado a fortalecer la profesionalización del sector y asegurar el registro federal, con el objetivo de prevenir la competencia improvisada e inexperta.
Enfatizó que el registro no es solo un trámite administrativo, sino que brinda certeza jurídica y refleja el compromiso con la legalidad y los derechos humanos. Además de que, evita poner en riesgo a los usuarios al contratar compañías sin infraestructura ni cumplimiento normativo.
Agregó que este requisito debe completarse con la profesionalización constante del personal, tanto administrativo como operativo, lo que implica capacitación continua, uso de tecnologías y cumplimiento de estándares éticos y laborales.
Mancera Sandoval comentó que se estima que en el país existen más de 3 mil empresas prestadoras de servicios de seguridad privada (rastreo satelital, guardias, blindaje, alarmas, consultoría, entre otros).
El empresario refirió que, de acuerdo con la Ley Federal de Seguridad Privada es obligatorio para las empresas que prestan servicios en todas las ramas de esta industria contar con el permiso expedido por la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sin embargo, subrayó que es necesaria una actualización del marco normativo que considere todas las modalidades de la industria, ya que ha actual, ha quedado obsoleta.
Es necesario una actualización urgente del marco normativo de la Ley Federal de Seguridad Privada, pues, aunque es fundamental, ha quedado obsoleta. Necesitamos un nuevo marco legal que sea equitativo y fiscalice adecuadamente a todos los actores que participamos”, dijo.
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Finalmente, denunció que mientras empresas irregulares operan sin cumplir con las normativas, escapando de la fiscalización, las compañías regulares son excesivamente auditadas y sancionadas por faltas administrativas menores.
Esta situación demanda urgente un registro nacional de firmas de seguridad privada y de sus empleados para mejorar la transparencia y regulación del sector», mencionó.
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