Este miércoles 23 de febrero a las 9:20 horas, dio inicio el Parlamento Abierto en materia de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, organizado por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados.

El motivo del Parlamento fue escuchar diversas opiniones y hechos relevantes sobre esta disposición antes de ser discutida por el pleno.

A continuación te mostramos una ruta con las participaciones y puntos clave que se discutieron durante el encuentro:

El parlamento inició con la intervención del diputado Salomon Chertorivski, quién preside la comisión en la materia, y dio la bienvenida a los asistentes, tanto de manera presencial como virtual y destacó que:

«Lo más importante para el país es ya tener una primera normatividad en materia de movilidad y seguridad vial, que como todas las leyes es perfectible, y por eso necesitamos seguir escuchando, necesitamos un diálogo verdadero para poder seguir mejorándola».

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.

«Estamos aquí para que el derecho a la movilidad se convierta en un derecho verdaderamente realizable y exigible y que no haya ni una sola muerte más, que no tendría que suceder más en nuestro país».

En seguida, Álvaro Lomelí Covarrubias, coordinador general de desarrollo metropolitano y movilidad, en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu), dio paso a su intervención:

«El sistema de transporte público, como bien saben es principalmente en las ciudades medias y es a partir de un modelo conocido como hombre-camión, donde los gobiernos locales otorgan concesiones a particulares y el servicio de transporte público se vuelve inoperante, insuficiente, deficiente».

«Como saben cada concesionario está peleando por el pasaje, es una pugna por el pasaje y lo que provocan son accidentes. Entonces es tener un servicio de transporte preciso, por lo que creemos que es una gran oportunidad que en la discusión de este marco normativo de movilidad se puedan sentar las bases para mejorar la prestación del servicio público de  transporte».

Destacó que el 88% del transporte público en el país funciona con este modelo: microbuses, combis y una serie de medios de transporte que no son las que prestan mejores condiciones de seguridad, eficiencia, comunidad y rapidez.

Te recomendamos: Cuatro claves de la ANTP en el parlamento de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Asimismo, Lomelí Covarrubias mencionó que otra de las condicionantes que habría que poner especial énfasis es que en la encuesta realizada a las mujeres, casi el 60% dijo sentirse insegura en el transporte público; por lo que el enfoque de género debe prevalecer y reconocer esas diferencias para mejorar los sistemas y medios de movilidad.

Por otra parte, «en materia de seguridad vial, nuestro país ocupa el séptimo a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muerte y siniestro, este indicador debe ser bastante preocupante y debemos mejorar las condiciones, no sólo del transporte, también de la infraestructura de nuestras ciudades que permitan disminuir este índice», agregó.

El funcionario de la Sedatu concluyó su intrvención mencionando que «se tienen estimaciones que el 1.8% y el 3.5% del PIB se traduce en estos costos de siniestros. Invertir este 1.8% o 3.5% del gasto que hace la federación en mejorar las condiciones de movilidad e infraestructura. Y con ello, también priorizar otros medios y no sólo el automóvil».

Te puede interesar: Ley General de Movilidad es desequilibrada para el autotransporte: Canacar

Posteriormente, el senador Elí Cervantes señaló que «lo que nosotros estamos haciendo es buscar garantías, que la movilidad sea de fácil acceso para todos los ciudadanos, que se contemple a las personas con discapacidad y garantizar en las escuelas el transporte gratuito para los alumnos que su escuela está a más de 2 kilómetros».

«Todos sentimos de alguna manera y bajamos algunos temas como los seguros obligatorios, como el tema del doble remolque porque consideramos que eso se debe de ver en otros espacios como la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Contemplar que los bienes y servicios que deben llegar a nuestros hogares», añadió.

Por su parte, la diputada Santy Montemayor, integrante de la Comisión de Movilidad, destacó relevante «retomar los alarmantes datos que nos brinda la minuta que analizaremos: señala que los accidentes viales son las principales causas de traumatismos no mortales y discapacitantes entre 20 y 50 millones a nivel mundial. En nuestro país se registran poco más de 17 mil muertes a consecuencia de lesiones ocasionadas por incidentes viales, cifras que van cada vez a la alza. Y esto no va a cambiar hasta que le demos más importancia al peatón».

Mientras que la diputada panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas, presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, dijo que la ley de movilidad pretende ser un medio para enfrentar de manera eficaz problemas relacionados con el traslado de personas y mercancías.

«Sin embargo, consideramos que esta ley debería integrar un enfoque federalizado entre diferentes ámbitos de gobierno, ya que en la propuesta de integración del sistema de movilidad no se incluyó o se señaló tal cual a los municipios del país, quienes principalmente se abocan a los proyectos de infraestructura en materia de movilidad son los municipios».

También lee: Semovi lanza convocatoria para subsidio de combustible en la CDMX

«Entonces creemos que debe contemplarse que haya mecanismos de financiamiento estatal y federal hacia los municipios urbanos y metropolitanos que hoy en día son el centro de los mayores intercambios económicos en medio de una crisis de movilidad, contaminación, falta de acceso equitativo y barato para las mayores aglomeraciones poblacionales del país», agregó.

En seguida, Alejandra Leal, miembro de la coalición Movilidad Segura, mostró que la lucha por conseguir la aprobación de una Ley de Movilidad viene comenzó desde hace varios años:

Además, señaló que entre los elementos clave que considera la ley deben estar los límites de velocidad como en carreteras estatales fuera de zonas urbanas que no rebase los 80 k/h en carriles centrales; 90 km/h para autobuses, y 80 km/h para camiones en carreteras y autopistas de jurisdicción federal.

«Debe haber una correcta asignación de los recursos presupuestales, priorizando la infraestrutura peatonal, ciclista y transporte público», expresó.

Por otro lado, Claudina de Gyves, activista, consultora y asesora de la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado de Oaxaca mencionó que un tema clave de la ley es el tema del transporte público, el cual consideró que ha sido un tema pendiente.

«Confiemos que con esta ley, a partir de la aprobación, exista la creación de mecanismos desde la federación que permitan que estos grandes proyectos de mejoramiento del transporte en todas las ciudades del país sean una realidad (…) y quizá estos mecanismos tengan que pasar por un tema de etiquetar recursos para que los municipios tengan estos recursos para garantizar la seguridad vial en nuestras ciudades (…) que cuenten con financiamiento, con recursos y apoyos desde la federación, particularmente desde el tema de transporte masivo».

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.

Javier Garduño Arrendondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, expresó que «esta es una agenda de mayor interés no solo para el país sino para las agendas globales. Acabo de tener una reunión con el gobierno alemán y nos acaban de confirmar el apoyo de un proyecto de 20 millones de euros para 6 países de la región latam y el caribe. Hay mucho interés a nivel global para entender qué está pasando a nivel local».

«Con este proyecto vamos a iniciar un proceso de diálogo junto con Ciudad de México y Monterrey para saber cómo están sus procesos de digitalización de transporte, que datos se están recabando, cuáles son los sistemas de información que hay en pie, cómo podemos ir preparando nuestro sistema de información que hay en pie».

«La información es fundamental para la toma de decisión y que las política públicas que se empiecen a implementar están basadas en evidencia y esa evidencia finalmente son datos y esos datos son una manera de organizar y entender los procesos de la operación, de los sistemas de transporte, cuáles son las rutas, cuáles son los aforos y cómo empezamos a recabar de manera unificada los problemas de accidental», concluyó.

A la conferencia, también asistió Ariel Govea, gerente de movilidad de WIR México, quien destacó la importancia de delinear esquemas de organización, establecer y fortalecer mecanismos de coordinación, y aplicar instrumentos de financiamiento para la movilidad y seguridad vial.

Con ello, mencionó que la propuesta de WIR México está encaminada al control del gasto y la identificación de la fuente de recursos. «Algunas estrategias radican desde la aplicación de programas de apoyo a los usuarios y los diferentes órdenes del servicio de transporte el otorgamiento de incentivos fiscales, administrativos, financieros».

Te puede interesar: Congreso CDMX pide a Semovi campaña de educación vial para operadores

«La estrategia debe tener una orientación de proporcionalidad, equidad, inclusión de los grupos vulnerables. Todo esto con la visión triple cero: cero muerte, cero lesiones y cero emisiones», añadió.

De manera virtual, Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de las Asociación de Autoridades de la Movilidad, enfatizó en la importancia de fortalecer los mecanismos de financiamiento al transporte público, así como el fortalecimiento de mecanismos e incentivos para un transporte limpio, bajo de emisiones y contaminantes.

Asimismo, propuso la creación de subsistemas que fungirán como catalizadores de la movilidad sustentable.

Igualmente, de manera virtual, el diputado local en el Congreso de Colima, Alfredo Álvarez desctacó que «es necesario plantear otra lógica donde le apostemos al vehículo particular sino que al transporte público, por eso es muy importante la apuesta hacia el transporte integral sustentable».

En su participación, Erika Ruiz, coordinadora de enlace gubernamental de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sugirió que sea analizado el marco regulatorio bajo el cual actualmente funciona el Registro Público Vehicular, así como los tratados comerciales y acuerdo internacionales.

Además, contemplar contemplar los ámbitos de competencia ya establecidos para las Autoridades Normalizadoras y que no entren en conflicto cuando se indica ‘especificaciones técnicas’ de vehículos pesados y ligeros.

«Confiamos en que la modernización del parque vehicular, no se circunscriba únicamente al transporte público de pasajeros y de carga, sino también a tener la oportunidad de tener revisión de condiciones fisicomécanicas de vehículos en circulación», finalizó.

Por su parte, Gisela Méndez, regidora del ayuntamiento de Colima y experta en desarrollo urbana y movilidad, señaló la importancia de entender cómo funciona jurídicamente la concesión.

«Nos hace falta el vínculo para poder ayudar a los estados a controlar el transporte público. En muchos de los casos de víctimas se ven involucrados accidentes con transportistas. Sin embargo, el centro de la gestión del transporte público sigue estando ausente del proyecto ley porque es un tema complejo».

Te recomendamos: CDMX: Al menos 15 unidades de transporte concesionado han sido robadas en 2022

Además, apuntó que se menciona que el transporte público es concesionado y no, el transporte público es un servicio público, ya que «la concesión es un proceso administrativo que es una alternativa para poder operarlo y que diga eso nuestra iniciativa es que estamos empujando para que el concesionamiento se naturalice».

En seguida, Laura Ballesteros, secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno de Monterrey, dijo que es fundamental la visión de inclusión y justicia que requieren los sistemas de movilidad como el metro: «no existe una forma de poder crecer la infraestructura del metro en las ciudades, de generarle el mantenimiento que requiere y de expandirlo a un sistema de movilidad integrada de primera y última milla si no existe la inversión del gobierno federal en ello».

Mientras que Lourdes Alejandrina Pérez Ayala, experta en movilidad y espacio público en San Luis Potosí, destacó que por cada vida perdida, cinco personas más sufren lesiones graves y esto incluso significa un costo externo de 40.5 mil millones de pesos anuales, lo que equivale al 2.63% del PIB nacional.

En el Parlamento Abierto, también participaron Integrantes de la sociedad civil, representadas por la Comisión de Movilidad; Luz del Carmen y Juan Ramón, padres de Emmanuel Vara Zenteno, joven que murió en accidente de tránsito y creadores del movimiento Manu Vive; integrantes de ITDP México; funcionarios y funcionarias públicas de los tres niveles de gobierno,; de la Secretaría de Desarrollo Agrario (SEDATU); secretarias y secretarios de transporte y movilidad, y senadores de la Comisión de Zonas Metropolitanas: Patricia Mercado, Emilio Alvarez Icaza, Xochitl Gálvez, entre otros.

Te invitamos a escuchar el nuevo episodio de nuestro podcast Ruta TyT: