El Gobierno de México publicó este jueves el decreto presidencial por el cual se suspende la importación temporal de calzado terminado, por lo que ahora, las empresas que introduzcan al país cualquier tipo de zapato tendrán que pagar los impuestos correspondientes.
«Ya no se va a poder traer a México importación temporal de calzado terminado», destacó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, al señalar que empresas utilizaban el programa IMMEX para eludir gravámenes y eso generaba una competencia desleal.
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El programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) permite a empresas realizar importaciones temporales de mercancías sin pagar impuestos, ya que son bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial que después pueden ser exportados.
No obstante, en el caso de las industrias textil y de calzado se cometieron irregularidades, según investigaciones del Gobierno federal.
Beneficio para la industria nacional
Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario Ebrard precisó que esta medida beneficiará a la industria de calzado nacional, la cual había solicitado prohibir la entrada ilegal de este calzado.
Para ejemplificar el beneficio de este decreto, Ebrard mencionó que en 2021 se importaba un par de entre seis que se producían en el país, pero para 2023 se traían seis del extranjero, bajo el programa IMMEX, y se producían seis.
«Esto estaba haciendo un daño muy grande a la industria del calzado», dijo el Secretario al precisar que esta medida permitirá recuperar los empleos de la industria e incrementar la producción nacional.
La Presidenta Sheinbaum agregó que los productos terminados no tienen que tener el permiso de importación temporal.
«A partir de hoy ya no hay importación temporal para el calzado terminado y si lo importan tienen que pagar sus impuestos», refirió durante su conferencia.
El propósito de este decreto, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es que no se tengan condiciones desventajosas para la industria del calzado mexicana, que actualmente emplea a más de 130 mil trabajadores de manera directa.
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