Durante la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Mario Vázquez del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Caminos y Puentes Federales.
“La propuesta está vinculada directamente a la urgencia de resolver el vacío institucional que hoy permite la alta incidencia de robos, extorsiones y otros delitos en caminos y puentes federales, afectando de manera directa al autotransporte, a los productores del campo, a las cadenas de abasto y a millones de personas que utilizan diariamente estas vías de comunicación”, comentó el legislador.
Mario Vázquez agregó que la iniciativa plantea reformar el artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de crear esta Fiscalía Especializada que atienda de manera directa y eficaz los delitos cometidos en carreteras federales, donde actualmente no existe una instancia claramente identificada para la denuncia, investigación y persecución de estos ilícitos.
Consideró que la inseguridad en carreteras se ha convertido en una amenaza constante para la actividad productiva nacional y para la seguridad de las familias mexicanas; además de que los productores del campo han denunciado que, sumado a enfrentar burocracia excesiva y falta de apoyos, también padecen el riesgo permanente de trasladar sus productos por carreteras inseguras.
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En su propuesta, el senador citó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que, a septiembre de 2025, el 57.1% de la población manifestó sentirse insegura en las carreteras del país.
A ello se suma información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que reportó 1,729 robos tan solo en mayo de 2025, cifra que confirma que la incidencia delictiva se mantiene en niveles alarmantes.
El panista también comentó que en México ocurre un intento de robo en carretera cada cincuenta minutos, y que durante 2024 se registraron más de 24,000 robos de carga, un incremento del 16% respecto al año anterior, afectando principalmente a entidades como el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz.
“La creación de esta fiscalía especializada responde también a los acuerdos alcanzados entre productores y autoridades federales tras recientes movilizaciones, y busca traducir esos compromisos en una acción concreta que fortalezca la seguridad, la legalidad y el desarrollo económico nacional”, expuso.
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