Los pasados 29 de mayo y 18 de junio concluyeron la primera y segunda ronda de negociaciones rumbo a la revisión trilateral del T-MEC, celebradas entre el Gobierno de México y la delegación de EU; revisión que se tiene previsto inicie el 1° de julio, y en la que se busca definir la ruta que seguirá el tratado, pues recientemente se ha explorado la posibilidad de extender su vigencia de manera automática hasta por 16 años, e incluso un esquema de revisiones periódicas por 10 años.
En la primera y segunda ronda, se abordaron temas como reglas de origen, el sector automotriz y cómo ambos países podrían llegar a integrarse y competir conjuntamente con Asia y otras regiones del mundo. Y es aquí donde el autotransporte mexicano, sector responsable en más de un 80% del movimiento de mercancías de México hacia los Estados Unidos, cobra tal relevancia.
Si bien juega un papel estratégico, enfrenta el gran desafío de tener que defender su presencia en el mercado estadounidense ante posibles modificaciones en las reglas de origen del tratado; ello en virtud de que el propio acuerdo incluye una reserva de EU respecto al transporte terrestre, que le permite a dicho país implementar medidas de restricción en el supuesto de que las empresas mexicanas representaran un daño o amenaza al servicio estadounidense.
Sin embargo, el desafío para el autotransporte mexicano es aún mayor, pues a su alrededor hay temas de gran interés que, sin duda, deben ser considerados y atendidos en la próxima revisión. Por mencionar algunos: coordinar cruces fronterizos eficientes, promoción de corredores intermodales, inspecciones coordinadas, robustecer mecanismos en seguridad carretera y simplificación y facilitación aduanera, siendo esta última, desde mi perspectiva, una prioridad para los tres países, pero sobre todo para México y EU.
Hay que considerar también que el tema de la seguridad y el combate a los cárteles de la droga, designados como organizaciones terroristas extranjeras, son particularmente puntos de inflexión para el Presidente Trump.
En este espacio hemos analizado en diferentes momentos la reforma a nuestra Ley Aduanera, misma que tras siete meses de su entrada en vigor ha dejado muy claro que su prioridad es: el aumento en la fiscalización, imputar mayor responsabilidad tanto a los agentes aduanales como a los importadores, exportadores y transportistas, pero, sobre todo, incrementar la recaudación, y no así, la facilitación aduanera.
Por su parte, recientemente el Gobierno estadounidense dio a conocer la orden ejecutiva “Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley de Aduanas”, emitida por el Presidente Trump, y mediante la cual confiere nuevas facultades al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para acrecentar la supervisión sobre las cadenas de suministro internacionales, y al igual que el gobierno mexicano, fortalecer los mecanismos de fiscalización y endurecer las sanciones.
Asimismo, y al parecer en la misma línea que nuestra reforma aduanera, el Gobierno de Trump estableció, entre otras exigencias, que sus agentes aduanales deberán desempeñar su actividad de una forma más exhaustiva respecto a sus clientes y verificar con mayor detalle la información relacionada con los propietarios y los bienes de las empresas, sus operaciones comerciales y el origen de las mercancías.
En este contexto, la tendencia de esta orden ejecutiva es modificar profundamente la forma en que las empresas mexicanas importan y exportan hacia al país vecino, pues considera nuevas cargas que conllevan mayores obligaciones de cumplimiento para la cadena logística y, por lo tanto, el incremento de sanciones para importadores y agentes aduanales que participan en el comercio transfronterizo con México.
Así las cosas, el autotransporte mexicano enfrenta un reto bastante grande, pues por un lado, está obligado a luchar por mantener su presencia en el mercado estadounidense ante posibles embates por las modificaciones en las reglas de origen, y por otro, al participar diariamente en el comercio entre México y Estados Unidos, y ante esta nueva orden ejecutiva, tendrá que afrontar mayores procesos de verificación documental, controles internos más rigurosos y una supervisión más cercana por parte de las autoridades estadounidenses.
Lo anterior se traduce en incremento en los tiempos de revisión en aduana, en lo particular, tratándose de operaciones que involucren importadores con antecedentes de incumplimiento o documentación incompleta.
Para las empresas mexicanas que exportan regularmente a Estados Unidos, el principal desafío será garantizar una trazabilidad más sólida de sus operaciones y mantener debidamente actualizada la información requerida por las autoridades aduaneras, pues finalmente, lo que buscan tanto el tratado como la orden ejecutiva, es que tanto importadores estadounidenses como extranjeros estén sujetos a los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Brenda Ángeles Romero
Abogada especialista en comercio exterior en CASADUANA
Red X @BrendaAngRom
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