En un solo posicionamiento y convencidos de que el surgimiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es la puerta de entrada para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, gobiernos de 27 entidades del país promueven, a través de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), una serie de políticas que tienen por objeto impulsar un transporte público competitivo, seguro y eficiente. 

En entrevista para TyT, Alejandro López Franco, presidente de la AMAM, expone que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que verá la luz en los próximos meses, debe estar acompañada del fortalecimiento y ampliación de esquemas de financiamiento con el objeto de asegurar su avance y sustentabilidad con el tiempo. 

Leer: El Banco Mundial propone tres acciones para ‘pasar energía’ al transporte de pasajeros

Se ha venido trabajando en los estados en mejorar los sistemas de movilidad con recursos estatales, pero estos esfuerzos no han sido suficiente. Por eso es necesario que en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial se fortalezcan y amplíen los esquemas de financiamiento, es decir, que en esta ley que están por crear no solo se defina por nombre”. 

Quien también se desempeña como Director General en Instituto Queretano del Transporte sostiene que las políticas que se están trabajando desde el Congreso no deben enfocarse en las capacidades financieras de los estados, pues, si bien hay entidades federativas cuyo presupuesto federal e ingresos propios les permite echar a andar proyectos de movilidad con mayor facilidad, ello no significa que tengan una problemática menor en sus ciudades y entre su población.

La realidad es que cada ciudad y estado tienen problemáticas diferentes. En este contexto, el líder de la AMAM, organización única en su tipo, refiere que, de inicio, los legisladores y el Gobierno federal deben concentrarse en aspectos básicos que tengan la capacidad de adecuarse a las diferentes características de las entidades para recuperar el transporte público y consolidar sus avances en movilidad y seguridad vial. 

Así como tenemos políticas públicas en seguridad, salud y educación, y se dota de recursos a los estados, tenemos que formar una que hable de movilidad”. 

El año pasado, cuando la pandemia paralizó buena parte de la actividad económica del país, y la población vivió el mayor confinamiento, el transporte público tuvo una pérdida de 19,500 millones de pesos. 

Para este 2021 se prevé un déficit similar, debido a que la demanda aún está 30% por debajo a la presentada en el pasado, a los retos operativos y financieros que enfrentan los transportistas y a una lenta recuperación que, se prevé, tomará más de dos años en llegar. 

Ante este panorama, Gobiernos de 27 entidades del país impulsan una serie de políticas dirigidas a atender de una forma integral las necesidades del transporte motorizado y no motorizado, así como a la profesionalización de las empresas encargadas de brindar el servicio, de manera que este sea cada vez sea más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. 

La AMAM propone la creación de un fondo público para las necesidades de movilidad, el cual concentre, a través de reglas claras, los recursos ya existentes relacionados con la infraestructura, tecnología en el transporte, equipamiento de vehículos y otros elementos que involucren a la movilidad. 

Hay inversión dedicada a la infraestructura, se debe evaluar si vale la pena seguir invirtiendo o si se debe emplear para promover la utilización del transporte público, con reglas que establezcan cómo se va a medir la evolución y cómo se va a hacer para asegurar que el recurso se destine a donde se tiene que invertir”.

Otro planteamiento es la creación de programas de incentivos fiscales en el trasporte público, en específico para los sistemas integrados, es decir, para aquellos en que existe un plan estratégico entre las autoridades y los concesionarios. 

Hay unos incentivos muy sencillos, el transporte público colectivo está exento de IVA, lo cual está lejos de ser favorable porque no tienen la facilidad de hacer deducciones de IVA, ni siquiera de compra de equipo. Entonces, al transportista le cuesta 16% más cara la compra del equipo de lo que le costaría a cualquier otro empresario”. 

La AMAM también pone sobre la mesa la asignación de subsidios a las políticas de movilidad urbana. Serán apoyos dirigidos a que el servicio de transporte público sea sustentable, con resultados tangibles en la calidad, seguridad y cobertura del sistema. 

Vamos a generar subsidios, pero las empresas tienen que generar mejores condiciones para que los ciudadanos vean al transporte público no como su única alternativa, sino como la mejor”. 

La Asociación conformada por gobiernos locales pide fortalecer los lineamientos del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram), de forma que estén alineados a los principios de movilidad urbana sustentable y atiendan las necesidades de entidades como Chiapas, Querétaro y Michoacán, que no necesariamente requieren de servicios de transporte público masivos, pero sí de tecnología.

Leer: Ley de Movilidad, ¿amenaza para el autotransporte?

La AMAM también aborda uno de los retos más complejos en el transporte: el acceso al financiamiento. Esto con el otorgamiento de créditos asequibles a las ciudades y a las empresas de transporte público, de forma que no se descalifiquen sus posibilidades financieras y de adquisición de deuda.  

La visión de la Asociación sobre las políticas púbicas que se requieren para generar una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial progresiva y eficiente tiene un valor agregado: surge desde quienes enfrentan todos los días el reto de ofrecer un transporte público de calidad a los 50 millones de los mexicanos que todos los días requieren del transporte público colectivo, en una economía familiar quebrantada, y con unas finanzas empresariales y gubernamentales fuertemente golpeadas por los efectos de la pandemia.

ANPACT y WRI, aliados con causa 

Desde su nacimiento formal en 2019, la AMAM ha estado acompañada de fundadores que no son parte de las autoridades, pero si una participación fundamental en la asociación, como Miguel Elizalde Lizarraga, quien preside la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y Adriana Lobo del WRI (World Resources Institute, por sus siglas en inglés), quien le ha compartido una visión global de los requerimientos y los casos de éxito de movilidad y seguridad.

La participación, liderazgo y el dinamismo que representa Miguel Elizalde ha sido esencial desde el principio y durante todo su acompañamiento para tener claro el camino que debemos recorrer para organizarnos de una mejor manera y para entender el engranaje del autotransporte en el que participamos y en el que está también la industria productora de pesados”. 

López Franco sostiene que, si bien la ANPACT representa a los productores de vehículos de transporte de pasaje, el motor que los impulsa es la conciencia de que una movilidad sustentable en el país es de beneficio para todos; justo, el objetivo de los Gobiernos locales.

Gracias al impulso de ANPACT y WRI tenemos una triple hélice, porque contamos con las autoridades de movilidad, quienes tenemos la capacidad de indetificar los grandes retos y las grandes necesidades de nuestros estados; tenemos la aportación de la iniciativa privada del sector, la cual cuenta con una visión muy amplia de lo que el sector está demandando, pero también de las necesidades que existen; y tenemos del lado de WRI la información de lo que está ocurriendo en el mundo”. 

Leer: Presentan anteproyecto de Dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Con estos socios, la AMAM está covencida de que la sinergia lograda les permitirá aportar un granito de arena para mejorar el transporte público, de la mano con el objetivo de la federación de crear un sistema nacional de movilidad. Mientras, en el Senado avanza la integración de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual confían incluya aspectos de las políticas públicas que promueven.