En los últimos meses del año pasado y en el arranque de este 2026, hemos abordado el tema de la imposición de aranceles por parte del Gobierno mexicano. A tan sólo un mes de la entrada en vigor del Decreto mediante el cual se incrementó el Impuesto General de Importación a 1,463 fracciones arancelarias de diversas mercancías que forman parte de 17 sectores estratégicos de la industria en nuestro país, economistas y expertos en competitividad, señalan que el impacto de esta medida implementada al estilo Trump, es un tanto agridulce.
Se habla de un efecto mixto, predominantemente negativo, que afectará la competitividad de sectores clave para nuestra economía –como el automotor–, trayendo como consecuencias el incremento de costos para las empresas y, por ende, para el consumidor final. Esto se traduce en incertidumbre y falta de confianza por parte de inversionistas extranjeros, provocando, a su vez, pérdida de empleos.
Por otro lado, hay quienes señalan que el aumento de los aranceles en productos importados impulsa el consumo de bienes nacionales, beneficiando a algunos sectores como el textil y agroindustrial. Recordemos que el objetivo de la Secretaría de Economía es sustituir las importaciones de Asia.
Otro impacto natural, por llamarlo de alguna manera, es el aumento en la recaudación en las aduanas, pues, incrementar el Impuesto General de Importación repercute de manera directa en la base gravable para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado por la importación de dichas mercancías.
No menos importante resulta la “presión” que, de cierta manera, nuestro vecino del norte ejerce sobre nuestro país en vísperas de la renegociación o, como lo define el Gobierno actual “revisión” del T-MEC. A esto se suman las tensiones globales, como las recientes negociaciones y acuerdos entre Canadá y China, que avivan el fuego con el Presidente de los Estados Unidos en un año clave para el T-MEC.
Asimismo, y a pesar de que uno de los objetivos principales que se propuso este Gobierno –como parte de la estrategia del aumento de aranceles–, es proteger sectores sensibles de la industria en México y aumentar los ingresos, lo cierto es que el riesgo principal al que nos enfrentamos es, sin duda, la disrupción de las cadenas de valor y el impacto negativo en el crecimiento económico y empleo, lo que se refleja en el desarrollo de nuestro comercio exterior, y los actores de la cadena de suministro.
Nuevamente, vale la pena poner sobre la mesa que debemos ser resilientes ante los embates que nuestras cadenas de valor, negocios, patrimonio y fuentes de empleo pudieran padecer al considerar que, en su momento, la iniciativa de reforma contempló el aumento temporal de aranceles; sin embargo, cuando se publicó en el DOF, ese pequeño detalle no fue considerado, es decir, dicha medida no está sujeta a una temporalidad, por lo que será el propio 2026, quien nos marcará la pauta sobre otro posible aumento de aranceles o adición de mercancías sujetas a dicha medida.
En ese sentido, nuestro país se enfrenta a lo que llamaría una verdadera prueba de fuego, pues recordemos que el 1° de enero de 2026 también entró en vigor una reforma de Ley Aduanera que, por decir lo menos, resultó de alto impacto tanto para importadores, exportadores y agentes aduanales, al considerar multas excesivas y sobrerregulación que ponen en riesgo el desarrollo y crecimiento de la operación aduanera, por lo que sumado al aumento de aranceles, la gran incógnita es ¿el impacto es positivo o negativo?
Brenda Ángeles Romero
Abogada especialista en comercio exterior en CASADUANA
Red X @BrendaAngRom
bangeles@casaduana.com
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