Congelado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) desde octubre de 2017, el “Reglamento de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, auxiliares al autotransporte federal” ahora también es revisado por la Policía Federal y la Guardia Nacional, que eventualmente se hará responsable de la seguridad en carreteras.

Así lo dio a conocer Salomón Elnecavé, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), luego de su participación en el foro “Por un autotransporte moderno que sea seguro, amigable con el medio ambiente y competitivo”, en el marco de Expo Transporte ANPACT 2019.

“Ante la gran demanda de que se publique el reglamento de grúas, lo estamos retomando, analizando junto con la Policía Federal y la Guardia Nacional para que una vez que lo impulsemos ante a CONAMER, se pueda liberar a la mayor brevedad posible”, comentó en entrevista para TyT.

Asimismo, reconoció ya tiene muchas observaciones en la plataforma de CONAMER y que sigue siendo un gran pendiente en el sector, pues los usuarios constantemente se quejan de los permisionarios de estos servicios.

“Hay muchas empresas de grúas que elevan los costos, fuera del tabulador que se tiene establecido, pero eso también es debido a la falta de este reglamento. Éste está contemplando las maniobras fuera de carretera, que es la mayor controversia en los cobros”, puntualizó.

Por su parte, Enrique Dueñas, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRÚAS), reconoció la voluntad que Salomón Elnecavé y su equipo de la DGAF ha demostrado luego de cuatro reuniones que han realizado.

No obstante, dijo, el trabajo ha marchado despacio al tratarse de un tema complicado que los permisionarios han impulsado desde hace tres administraciones, desde el Comité de Grúas de CANACAR.

“Realmente nosotros queremos que haya una norma y proteger al usuario para que no se vea afectado”, dijo en entrevista.

Dueñas explicó que AGRÚAS está buscando que dentro de este reglamento buscan que se respeten los roles federales y no haya compra de servicios –“coyotaje”– aspectos que encarecen el costo al consumidor final, así como ofrecer transparencia en el cobro de servicios.