Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos, alertó Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
“Calculamos que más del 76% de empresas no cumplen con llevar a cabo el pago correcto de sus impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de 3,000 empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley”, afirmó.
Sapién Santos resaltó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada y la calificó como un “es un «gran paso» para lograr un marco regulatorio para estas compañías.
Indicó que se estima que en el territorio mexicano existen alrededor de 6,000 firmas de este sector; sin embargo, no hay un censo que dé con exactitud el número de empresas que operan. De hecho, apuntó que al no estar a la vista, no son fiscalizables, no son auditables y se les puede censar cuántos elementos tienen trabajando y en qué servicios ofrecen.
Sapién Santos comentó que el marco regulatorio es necesario porque existe una competencia desleal con las policías auxiliares que ofrecen servicio de seguridad privada, pero son elementos de seguridad pública. Aunado a ello, dijo, el sector ha caído en una situación de sobrerregulación.
Afirmó que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad privada podrá existir un registro único de empresas del sector para que se conozca cuáles están autorizadas, si sus elementos de seguridad autorizados y los insumos –radios de comunicación y armas–, así como un censo de las empresas a las que prestan servicios.
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