A partir del 1 de enero del próximo año entrará en vigor la nueva reforma a la Ley Aduanera, cuyo objetivo principal es combatir la subvaluación de mercancías en las importaciones y frenar el “huachicol fiscal”. Expertos prevén que su aplicación incrementará el número de embargos precautorios y que las detenciones en el flujo comercial generarán sobrecostos no solo para los importadores, sino también para el autotransporte de carga. Por ello, es apremiante implementar un plan de acción y una revisión de contratos con los clientes.
Entre los puntos clave de la reforma a la Ley Aduanera, presentada por el Ejecutivo federal dentro del Paquete Económico para 2027 y aprobada por el Poder Legislativo, destacan la eliminación del umbral de 50% de subvaluación de mercancías para proceder al embargo precautorio y la supresión de la salvedad que permitía evitarlo mediante una cuenta aduanera de garantía. Ahora, si la presunta subvaluación supera el 20%, el embargo solo podrá ser sustituido por un depósito en efectivo.
“La reforma a la Ley Aduanera abre la posibilidad de que las autoridades tengan mayor espacio, más discrecionalidad y una posibilidad más abierta de iniciar embargos de mercancías y Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMA); por lo tanto, el objetivo principal de la transportación se pierde, se detiene logísticamente y obviamente hay que liberar el medio de transporte para que la mercancía se quede de nuevo en aduana”, expone Gloria Rocío Estrada Antón, socia de la firma Antón Rioja.
Se prevé que la implementación de estos cambios derive en un incremento de la retención de carga en las aduanas mexicanas e incluso durante su tránsito por las carreteras del país. Ante esta situación, se ha cuestionado la capacidad de las autoridades responsables para detectar correctamente mercancías subvaluadas, la agilidad para brindar respuestas y la disponibilidad de espacios para almacenar la carga retenida.
Para Gibrán Ramírez, integrante del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog), una mayor retención de mercancías en garitas y carreteras implica costos adicionales para importadores y transportistas, aun cuando cuenten con toda la documentación en regla para lograr una pronta liberación de la carga y del vehículo pesado.
El también fundador y CEO de OCL Cargo recuerda que mantener detenido un vehículo pesado tiene un costo estimado de 8,000 pesos diarios. Así, si la autoridad detecta una subvaluación de 35,000 pesos en IVA —ya sea porque el importador adquirió piezas por volumen y obtuvo un mejor precio— y retiene la carga junto con el transporte durante ocho días, la pérdida para la empresa transportista asciende a 64,000 pesos.
En este escenario, expone, el impacto económico es mayor para el contribuyente o importador y para la empresa de autotransporte de carga. Por esta razón, considera necesario fortalecer la comunicación con el cliente, revisar la documentación y los contratos, e implementar una estrategia de prevención y acción inmediata que permita minimizar los riesgos.
