El Paquete Económico para 2027 incluyó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Aduanera en materia de subvaluación de mercancías. Esto surge a tan solo nueve meses de la entrada en vigor de la última reforma a dicha ley, que incorporó una serie de cambios fortísimos para incrementar el nivel de responsabilidad y las sanciones para los actores del comercio exterior.
En esta ocasión se aborda un tema de gran relevancia: la valoración aduanera de las mercancías y su subvaluación. A decir del Ejecutivo, busca prevenir y combatir esta práctica mediante la actualización de los mecanismos de verificación, control y fiscalización de las operaciones de comercio exterior. Su objetivo es, precisamente, endurecer el combate a la subvaluación y al huachicol fiscal.
El 22 de septiembre, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la ANAM y representantes del sector industrial del país. En ese espacio, el Presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, señaló que el análisis de la iniciativa debía considerar tres premisas fundamentales: no afectar la recaudación, preservar la seguridad y procurar una mayor eficiencia en la operación aduanera.
Pero ¿cuáles son los puntos clave de esta reforma? En primer lugar, elimina el umbral actual del 50% como causal de embargo precautorio de las mercancías, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en ese porcentaje o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares. Asimismo, elimina la salvedad que establece que, cuando se haya otorgado la cuenta aduanera de garantía prevista en la Ley Aduanera, no procede el embargo de las mercancías, y establece condiciones para sustituirlo. Es decir, si la presunción de subvaluación por parte de la autoridad aduanera supera el 20%, el embargo únicamente podrá sustituirse mediante un depósito en efectivo; si es inferior a ese porcentaje, se mantiene la opción de utilizar una cuenta aduanera de garantía.
La reforma propone imponer una mayor carga probatoria a los importadores, quienes deberán robustecer sus expedientes de comercio exterior para respaldar debidamente el valor de transacción de sus mercancías y evitar ser objeto de una presunción de subvaluación.
Durante su paso por el Senado, la reforma fue aprobada en octubre pasado, lo que ha generado fuertes críticas tanto de la oposición como de los usuarios del comercio exterior y de los integrantes de la cadena de suministro, debido a que otorga mayor discrecionalidad a la autoridad aduanera para determinar embargos basados en presunciones de subvaluación de mercancías.
Ante este escenario, ¿cuál es el reto que deberá enfrentar la cadena de suministro? En primera instancia, y a manera de antecedente, tras la derogación del Acuerdo que establecía precios estimados para determinadas mercancías del sector textil, y ante la desaparición de la obligación de presentar una cuenta aduanera de garantía cuando el valor de dichas mercancías se encuentre por debajo de los precios estimados, se incrementó considerablemente la práctica de reconocimientos aduaneros para estos productos. Para la ANAM, es obligatorio revisar el valor declarado en el pedimento.
Aquí encontramos el primer reto, pues dicho proceso puede tomar días, semanas e incluso meses. Esto implica que la mercancía permanezca detenida en la aduana, al igual que el medio de transporte, en tanto la ANAM emite un pronunciamiento. La situación genera sobrecostos operativos, saturación en los recintos y retrasos en las operaciones.
Tomando este hecho como referencia, y al eliminarse el umbral de subvaluación, se mantienen las facultades de comprobación de la autoridad aduanera sobre el valor de las mercancías, con el respaldo del Sistema de Inteligencia de Valor. Esta herramienta predictiva permite identificar de manera automatizada las operaciones que representan un riesgo de subvaluación y determinar cuáles deben revisarse. Sin embargo, la autoridad aduanera no cuenta con la capacidad operativa necesaria para realizar esas revisiones de manera eficiente y ágil.
Aún estamos conociendo y adaptándonos al impacto de la reforma aduanera de noviembre de 2025 y ahora nos enfrentamos a otra modificación aprobada fast track en el Congreso de la Unión. Durante el proceso se celebran mesas de trabajo, se analizan los efectos, se realizan estudios y los integrantes de la cadena de suministro planteamos propuestas, pero se cae en el error de no darnos la verdadera oportunidad para trabajar de manera conjunta con el Gobierno en soluciones reales.
Tenemos el tiempo encima para prepararnos y enfrentar un nuevo reto que pondrá en jaque a una de las actividades que constituyen uno de los principales motores de la economía mexicana: el comercio exterior, que representa más del 70% del PIB y consolida al país como un actor clave en el mercado global.
Brenda Ángeles Romero
Abogada especialista en comercio exterior en CASADUANA
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