La Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó una solicitud a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que realice una revisión técnica de NOM-012-SCT-2-2017, referente a los límites de peso y dimensiones máximas para vehículos de autotransporte que circulan por vías federales en México.
El objetivo es que evalúe los límites actuales de peso bruto vehicular autorizados, bajo criterios de seguridad vial, conservación de la infraestructura carretera y viabilidad técnica de las configuraciones vehiculares.
Los legisladores también buscan que esta revisión priorice en todo momento la seguridad de las personas usuarias y la integridad de la red carretera nacional.
La iniciativa, presentada por el diputado morenista Francisco Javier Borrego, destaca este exhorto en virtud de fortalecer la política pública en materia de transporte y seguridad carretera.
Borrego Adame argumentó que si bien la NOM-012 establece los límites máximos de peso y dimensiones en el autotransporte, sectores han advertido que los valores actualmente permitidos en toneladas autorizadas para el doble remolque superan significativamente los límites de otros países, como Estados Unidos o Guatemala.
Esto, agregó, genera una carga excesiva sobre carreteras, puentes y sistemas de frenado, incrementando los riesgos de accidentes y acelerando el deterioro de la red carretera del país.
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El diputado también destacó que dicha norma se diseñó conforme a las condiciones de infraestructura y parque vehicular vigentes en 2017, por lo que actualmente es necesario revisar su viabilidad técnica y compararla con los estándares internacionales, en virtud del envejecimiento de las vías, la evolución de la flota vehicular y la creciente necesidad de armonización normativa en el marco de tratados comerciales internacionales.
La propuesta también recogió la preocupación expresada por organismos del sector como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), respecto al impacto de esta configuración.
Además, se hizo referencia a buenas prácticas internacionales, como los sistemas de pesaje automatizado y sanciones aplicadas en países como Canadá y Chile, que han permitido reducir siniestros y preservar la infraestructura, contrastando con el rezago que enfrenta México en materia de fiscalización y supervisión efectiva.
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