Con la  reforma a la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno hace a un lado a los participantes privados y deja sin opciones en cuanto a precios y calidad de combustibles a los transportistas, así lo indicó Santiago Fabián Arroyo Seguedo, director general de Ursus Energy.

En entrevista para TyT, el especialista explicó que la reforma de la Ley de Hidrocarburos, va direccionada a capturar el mercado de manera legal y sacar a los participantes privados, quienes son diferenciadores en términos de precios y calidad del producto.

Al momento de hacerlos a un lado, lo que hace el Gobierno es darle el mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tiene los mayores costos en productos debido a su carga operativa y pérdidas financieras. 

“Esto provoca que los transportistas no tengan otra opción de compra y Pemex sea su única alternativa, con precios elevados y combustible de mala calidad”, indicó.

En cuanto al problema de huachicol fiscal, el especialista señaló que, con la aprobación de la reforma, esta actividad ilícita aumentará, debido a que los consumidores, no conformes, buscarán otras alternativas de mercado.

“Pueden llegar las empresas importadoras y declarar, en aduana, que traen otro tipo de producto que no están grabados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por ende, no pagan tributo y con documentos falsos lo venden a los usuarios finales con precios más económicos”, detalló.

En este esquema, consideró que los productos deben pasar por una serie de revisiones por parte de Aduana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, y su acceso al país se vería reflejado como un acto de corrupción.

El empresario consideró que desde el punto de vista del mercado, esta  reforma a la Ley de Hidrocarburos es totalmente innecesaria, debido a que el Gobierno tiene a la mano todos los mecanismos legales del Código Fiscal de la Federación, la Ley del IEPS y del ISR, el Código Penal y demás leyes para combatir las actividades que se pretenden erradicar con la implementación de las adiciones.

“Con la decisión del Ejecutivo Federal se ve una completa ignorancia del Marco legal por parte de los funcionarios públicos, así como una total incapacidad para aplicar la ley.

El Gobierno pretende sacar del mercado a los importadores privados para crear un capitalismo donde solamente los allegados al presidente tengan acceso a este mercado, es la parte oscura de esta reforma«, declaró el director general de Ursus Energy.

De acuerdo con la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, en el artículo 51, se precisa que los permisos se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a particulares.

El otorgamiento de los mismos, estará sujeto a que el interesado demuestre que cuente con un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa.

En el artículo 53, se propone modificar el párrafo para cambiar el tipo de ficha de positiva a negativa; es decir, de acuerdo a la ley vidente, si la autoridad no resuelve en el plazo máximo la solicitud de cesión, se entenderá que la resolución será rechazada.

En el artículo 56, donde señala que los permisos podrán revocarse por realizar actividades de transporte, almacenamiento o distribución de petrolíferos adquiridos de forma ilícita, se adiciona el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos.

Así como la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.

En cuanto al artículo 57, se añade la suspensión de permisos como acción por parte de la autoridad para garantizar los intereses de la nación, así como eliminar la posibilidad de que se contrate a terceros para la operación de instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta iniciativa no pretende ninguna expropiación, sino evitar que continué el ingreso del combustible de contrabando al país.

Mientras inversionistas y el gremio gasolinero se mantienen en incertidumbre y estudian una defensa jurídica, la reforma a la Ley de Hidrocarburos ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y da paso a la decisión del Senado.

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