La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) descartó que la propuesta de reforma a las pensiones, que eleva de 5.15% a 13.87% la aportación patronal, afecte las finanzas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). 

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, celebró la iniciativa de reforma al sistema de pensiones anunciada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador; Arturo Herrera, titular de Hacienda, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y consideró que es “la iniciativa más importante” que se ha presentado en la presente administración.

Leer: AMLO aún puede evitar una mayor pérdida de empleo

En conferencia de prensa, De Hoyos Walther sostuvo que el incremento de la aportación patronal de 5.15% a 13.87% no afectará las finanzas de las MiPyMEs, ya que todas las empresas tendrán un periodo de ocho años realizar el ajuste de forma gradual. 

Adicional, descartó que esta reforma vaya a tener un efecto en el incremento de los precios de los productos, ni que vaya a afectar la evolución de los salarios, pues se trata de un proyecto analizado con profundidad por la iniciativa privada. 

“Se ha analizado profundamente cómo podemos asimilarlo, por eso se establece este esquema gradual y no hay riesgo alguno de que esta iniciativa afecte los precios de los productos o merme de forma alguna el compromiso del sector privado de migrar los salarios a la línea de bienestar”.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. .

Jorge López Valencia, representante de Coparmex ante el Comité de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó en conferencia de prensa que, al reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750, como plantea la reforma, se incrementará el acceso de los mexicanos empleados en la formalidad, de un 20% actual hasta un 90 por ciento. 

Explicó que, actualmente hay 18.5 millones de mexicanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y bajo las condiciones actuales (1,250 semanas cotizadas) solo 20% de ese total acceden a una pensión, mientras que la reforma permitirá que sean al menos 15.7 o 16 millones de mexicanos los beneficiados. 

Entre los beneficios, de acuerdo con los expertos de Coparmex estará la integración de los trabajadores independientes al sistema de pensiones compuesto por el gobierno, el patrón y el empleado. 

Lo anterior, debido a que 20 millones de trabajadores independientes no están adheridos al ISR, y quienes tienen entre 34 y 36 años podrán migrar a un empleo formal para cumplir las semanas que requieren para tener una pensión.

Esto hace pensar que entre 20% y 30% de quienes laboran de forma independiente podrán beneficiarse de la reforma al sistema de pensiones, refirió López Valencia. 

El sector empresarial recordó que la reforma que será votada por el poder Legislativo no prevé una reducción en la edad de jubilación, es decir, la pensión siempre se recibirá a partir de los 60 años. 

La inicitiva establece que la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, pero sin incrementar su monto total. 

“No tiene costo para el gobierno y los trabajadores, sí tiene un costo para las empresas que se diluye con el tiempo”, expuso De Hoyos Walther.

Adicional, los expertos de Coparmex señalaron que las afores irán ajustando sus comisiones de forma gradual a estándares internacionales, luego de que en los últimos dos años éstas han bajado cerca de 30 por ciento.

Por separado, el CCE sostuvo que el aumento de cuota de 6.5% al 15% lleva al nivel de México a estar en el promedio de naciones desarrolladas. Mientras que la clave para conseguirlo es un lapso de transición de 8 años para asimilar el impacto de aumento en costos. 

De una pensión mínima única para proteger a los trabajadores de un salario mínimo se migra a un rango de pensión mínima garantizada en el que 75% de los trabajadores podrá lograr una tasa de reemplazo adecuada, expuso. 

La cúpula empresarial invitó al poder Legislativo a analizar con profundidad la propuesta que tiene tres objetivos: lograr un ahorro adecuado; tener criterios de elegibilidad razonables; y contar con una garantía de ingresos en vejez por arriba de la línea de bienestar.