Al considerar que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una violación al derecho a la libertad personal y representa una sanción anticipada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que promoverá una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que señala esta medida en caso de delitos como el robo a autotransporte.

De acuerdo con la CNDH, la prisión preventiva oficiosa transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.

Asimismo, considera que genera escenarios de vulnerabilidad y riesgos de violación de derechos humanos, pues impide que el Ministerio Público cumpla con su obligación de investigar cabalmente caso por caso y que éstos sean sometidos a un detallado análisis judicial, toda vez que por el simple hecho de que a una persona se le impute uno de estos delitos, se le podrá imponer prisión, con el riesgo de que no exista una investigación eficiente.

Cabe recordar que Cámaras y Asociaciones del sector han celebrado la calificación de robo a transporte en cualquiera de sus modalidades como delito grave e incluido en el artículo 19 constitucional, así como las recientes reformas a la legislación secundaria para la plena aplicación de la prisión preventiva oficiosa, toda vez que hay una situación de emergencia por el incremento en el robo al transporte de mercancías e insumos en diversos estados del país.

Además de que estos actos constituyen una permanente amenaza a la vida e integridad física de pasajeros y operadores. De hecho, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) ha señalado que hechos violentos contra el transporte de mercancías han ido creciendo en el país y las víctimas de estos ataques son los operadores, quienes han sufrido golpes, torturas, secuestros y hasta asesinatos.

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