Legislado en algunos países europeos, así como en algunas entidades de Estados Unidos, el «Derecho a reparar» o Right to repair ha cobrado cada vez más interés en México, especialmente en el sector automotriz y de autopartes, toda vez que algunos lo consideran un factor de competencia justa.

El llamado «Derecho a reparar» es una consideración que parte de una premisa básica: Si compras un producto deberías tener el derecho de repararlo tú mismo o buscar talleres independientes para ello.

Para lograr la plena aplicación del «Derecho a reparar», los consumidores deben tener acceso a manuales, instrucciones, piezas y herramientas para la reparación; además es necesario contar con elementos de personalización y, en su caso, desbloqueo de sistemas o software.

El objetivo de esta iniciativa es extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y, en algunos casos, combatir la obsolescencia programada.

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Europa con directiva vigente

Si bien el «Derecho a reparar» no es nuevo, muchos países aún no cuentan con legislación ni herramientas que lo regulen; sin embargo, en Europa y Estados Unidos ha habido avances al respecto.

La Unión Europea, por ejemplo, cuenta con una directiva que promueve el «Derecho a reparar», misma que está vigente desde 2024, pero apenas en julio de este año, los Estados miembros debían incorporarla a sus respectivas legislaciones y comenzar a aplicarla.

La Directiva 2024/1799 de la Unión Europea establece «normas comunes para promover la reparación de bienes con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de consumidores y del medioambiente».

En este caso, la regulación establece que, los fabricantes o distribuidores pondrán gratuitamente a disposición del consumidor información sobre sus servicios de reparación de manera fácilmente accesible, clara y comprensible.

Además, la normativa europea va más allá y establece la creación de una plataforma en línea sobre reparaciones, misma que le permitiría a los consumidores encontrar «reparadores y, en su caso, vendedores de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas».

«Las nuevas reglas permitirán hacer de la reparación una realidad, no sólo durante el periodo de garantía legal. Esto contribuirá además al desarrollo del ecosistema de la reparación, la reutilización y el reacondicionamiento», afirmó Didier Ryenders, Comisario de Justicia de la Unión Europea.

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El caso de Estados Unidos

Para el caso de Estados Unidos, el «Derecho a reparar» se ha convertido en movimiento legislativo. Estados como Nueva York, Colorado, Minnesota y California, ya aprobaron leyes al respecto, además de que el tema se ha impulsado desde el Gobierno federal.

En su administración, el entonces Presidente Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para promover la competencia en la economía estadounidense, acción que buscaba en parte facilitar la reparación de artículos por cuenta propia. Dicha orden se encargó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que estableciera normas.

Nueva York fue el primer estado en promulgar una ley de derecho a reparar amplia, la cual entró en vigencia a finales de 2023; sin embargo, las leyes pueden excluir productos como electrodomésticos, vehículos de motor o dispositivos médicos, dependiendo de la legislación estatal específica.

¿Derecho o transgresión?

Si bien el «Derecho a reparar» se está impulsando básicamente desde la posición de los consumidores, algunas empresas se muestran renuentes de participar pues argumentan que se vulnera la propiedad intelectual así como se corre el riesgo de una mala manipulación de los productos, lo que podría implicar riesgos de seguridad.

Algunas automotrices en Europa y Estados Unidos han manifestado su rechazo a otorgar las concesiones que busca el «Derecho a reparar», pues señalan que, además de la violación de la propiedad intelectual y los riesgos en seguridad, la iniciativa podría desencadenar demandas por reparaciones mal hechas.

Por el contrario, los promotores de la iniciativa afirman que las empresas obtienen una parte importante de sus ganancias gracias a los repuestos originales y talleres autorizados.

Situación en México

En México, el «Derecho a reparar» está cobrando interés, sobre todo en industrias como los electrodomésticos, dispositivos electrónicos, automotriz y autopartes. En este sentido, directivos como Francisco González, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA) se han pronunciado al respecto.

Durante el reciente International Aftermarket Summit 2025, Francisco González advirtió: «El derecho a reparar no solo es su tema técnico, es una apuesta por la libertad de elección, por la competencia justa y por una movilidad accesible y sostenible».

«El futuro de nuestra industria no se define únicamente por los nuevos modelos, sino cómo adaptemos a las necesidades de los que ellos necesitan», añadió el Presidente de la INA. En la misma línea, la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA) también se ha manifestado a favor del «Derecho a reparar».

Por su parte, Eric Blasco, Director Comercial de APYMSA, afirmó que el «Derecho a reparar» permitiría a los especialistas de la reparación automotriz contar con mejores herramientas para hacer su trabajo. «Seguramente han escuchado el famoso derecho a reparar o Right to repair, que es justamente cómo podemos tener la información disponible para todos los mecánicos porque el día de hoy».

Estos y otros directivos y representantes de asociaciones afirman que el «Derecho a reparar» permitirá fortalecer a la industria automotriz y de autopartes pues actualmente muchos de los productos o articulos están bloqueados con la idea de que el cliente tenga que ir obligatoriamente a la agencia o distribuidor, con costos mucho más altos que hacer las reparaciones con otros mecánicos.

Finalmente, se espera que el tema siga teniendo mayor interés en México, así como un mayor involucramiento del Poder Legislativo para establecer una norma o reglamento al respecto.

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