El pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual prevé hasta siete años de cárcel para quienes lucren con la toma de casetas, así como sanciones económicas. 

En lo particular, el dictamen recibió 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones. El Pleno aceptó la reserva presentada por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del partido Morena.

Leer: Piden incluir a transportistas en primera etapa de la vacuna

Tras lo anterior, el artículo 533 estipuló que quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje para obtener un lucro serán sancionados con una pena de tres meses a siete años de prisión. 

Adicional, se harán acreedores de una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Las sanciones dictadas en el artículo 533 también aplica para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte. 

Los manifestantes serán aprehendidos y sancionados cuando interrumpan la construcción de vías, deterioren o afecten los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.

Los diputados optaron por eliminar el artículo 533 Bis, originalmente planteado, el cual planteaba una pena de entre seis meses y siete años de prisión y multas que iban de entre las 750 a las 1,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.

Leer: Detienen a 44 por toma de casetas en Guerrero; en Michoacán continúa el ‘boteo’

La iniciativa de reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación impulsada por la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, de Morena, y los panistas Manuel Pérez Díaz y Carlos Elhier Cinta Rodríguez, fue remitida al Senado de la República.

Dentro de Morena hubo voces que se pronunciaron en contra de la Reforma al considerar si realmente está dirigida contra los delincuentes que dañan las vías de comunicación. 

El diputado Rubén Cayetano García, de Morena, expresó que la reserva no está dirigida a los grupos criminales o de la delincuencia organizada, sino al movimiento social, el cual “estratégicamente busca las casetas para ser oído, manifestarse y sin ánimos de lucro”.