La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), en línea con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió reglas claras en los cambios que se vayan a decidir en el outsourcing e insourcing. 

Esta mañana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, líderes empresariales y el sector obrero firmaron un acuerdo en el que se solicitó al Poder Legislativo aplazar la discusión del outsourcing o subcontratación, e insourcing, para febrero próximo.

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Al respecto, el presidente ejecutivo de la ANPACT, Miguel Elizalde Lizárraga, expuso que junto con CCE y Concamin, la Asociación solicita definiciones claras sobre lo que es legal o ilegal en el outsourcing e insourcing. 

La forma como está planteada la redacción del 12 de noviembre (iniciativa de Ley del ejecutivo federal), se afectan los procesos de las cadenas globales de producción y comercialización del sector (…) solicitados definiciones claras y que se otorgue el tiempo suficiente para que se implementen las adecuaciones necesarias en las operaciones internas de las empresas”. 

Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la ANPACT.

El líder de la industria productora de vehículos pesados en México reiteró que el sector está a favor de “la regulación del outsourcing malo”, en donde empresas han desarrollados esquemas no transparentes en sus contrataciones; sin embargo, “no creemos que debamos pagar justos por paradores”, dijo. 

Añadió que dentro de la industria automotriz, el insourcing que es una practica utilizada, que debe permanecer y si se quieren hacer algunos ajustes, ellos están de acuerdo, pero que los cambios sean claros y que no saquen de la competencia a las empresas. 

Que sí se regule, que sí haya adecuaciones, una vez que se sepa exactamente qué se quiera regular. Entendemos que esta iniciativa es para conservar el empleo en México, pero si aprietas muy duro vas a generar el efecto contrario que es perder inversiones”.

Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la ANPACT.

El Presidente Ejecutivo de ANPACT puso como ejemplo las intenciones del Gobierno federal de conseguir un reparto de utilidades más justo; sin embargo, añadió que ello podría restar competitividad a las empresas de tal forma que buscarán un sitio donde tengan más facilidades, y ello derivará en la pérdida de empleos. 

Es un tema más allá solo de la equidad, de lo que es justo o no, pues sería más injusto quedarse sin empleo”. 

Miguel Elizalde, presidente Ejecutivo de la ANPACT.

En el acuerdo tripartita firmado en conferencia matutina, desde Palacio Nacional, las empresas se comprometen a iniciar un proceso de regularización de sus plantillas, en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Además, solicitó al Poder Legislativo que posponga a febrero próximo la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como procedente, después de un proceso de análisis entre los distintos sectores de la economía. 

Los firmantes hicieron un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de forma masiva en diciembre. 

Al respecto, líderes empresariales de distintas cámaras y confederaciones consideraron que las negociaciones con el Gobierno federal van por buen camino. 

Añadieron que tras varias reuniones, lograron convencer al Presidente de la República y a su gabinete de que la posición de prohibir absolutamente el outsourcing en México dañaría a la economía, desalentaría la inversión y afectaría el empleo. 

Fue el propio Presidente quien solicitó al Congreso, junto con los sectores productivos del país, aplazar la discusión de su iniciativa hasta que se logre un consenso entre los factores de la producción, y es por eso que probablemente se reprograme para el periodo de sesiones febrero-abril de 2021”.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin. 

En su turno, Carlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE, expuso que el outsourcing es una práctica  que ocurre en todos los países, y desde luego en todos aquellos con los que México tiene acuerdos comerciales, de inversión o económicos vigentes que deben respetarse y cumplirse.

En contraste, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo firmado entre otros integrantes del CCE, el sector obrero y la Presidencia de México. 

La aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, expusieron las tres organizaciones en un comunicado.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”.

Canacintra, CNA y Coparmex.

En línea con las distintas voces de la iniciativa privada del país, rechazaron que se “pretenda estigmatizar” a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. 

En lo que respecta al Gobierno federal, el IMSS, el Infonavit y el SAT exhortarán de manera formal a las empresas que cada diciembre realizan importantes bajas de sus trabajadores a evitar esa práctica, de lo contrario procederán de inmediato con recursos legales y administrativos.