Solo cuatro de cada 10 empresas solicitantes han logrado darse de alta en el Registro de Prestador de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
José Medina Mora Icaza, Presidente de Coparmex, expuso que, a la fecha, solo 38,000 de 90,000 empresas que iniciaron el proceso para inscribirse en el patrón del registro de prestador de servicios especializados u obra especializada ha logrado darse de alta.
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De mayo pasado a la fecha, el 44% de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del REPSE, lo que quiere decir que al 56 por ciento de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue, expuso.
Durante su participación en el Seminario Nacional de Formación 2021, celebrado en Saltillo, Coahuila, el Presidente de Coparmex expuso que la situación implica un riesgo para empresas y sus colaboradores.
Lo anterior debido a que quienes no logren obtener el registro de servicios especializados antes del 01 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal.
Copamex tiene estimaciones de que podrían ser más de 250,000 empresas las que requieran tramitar su registro ante el REPSE, por lo que a partir de septiembre dejarán de prestar servicios a sus clientes y de seguirlos prestando podrían tanto clientes como prestadores ser sujetos de sanciones.
Ante este contexto, el sindicato patronal solicitó a la STPS a compartir la problemática con el Congreso para que se conceda una ampliación razonable del plazo para la entrada en vigor la Reforma en Materia de Subcontratación.
El sector patronal ha insistido en la necesidad de homologar al 1 de enero de 2022 el sector privado, tal y como fue establecido para el sector público.
A lo anterior se suma la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria y la autoridad laboral expidan los criterios de interpretación de la reforma sobre la aplicación del registro, para que las empresas tengan claridad y certeza jurídica de cuando se requiere el registro de personas que prestan servicios o ejecutan obras especializados.
