En la actividad cotidiana del autotransporte, los prestadores de servicios recorren cada rincón del país a través de sus casi un millón de kilómetros, desde autopistas, carreteras estatales y hasta caminos rurales. En este transitar requieren diversos servicios que van desde comidas para el operador, carga o descarga de mercancías, ayuda de guías, reparaciones menores para la unidad, entre otros.
Estos servicios, por lo general, son ofrecidos por personas que se localizan a la orilla de las vías que transitan, y generalmente estos “proveedores” están en la informalidad. La informalidad en México rebasa el 50 por ciento, según datos del INEGI, es decir, más de la mitad de los mexicanos trabaja bajo ese esquema.
Si consideramos que, del total de kilómetros de vialidades sólo 11,000 kilómetros son autopistas; podríamos suponer que, de los proveedores que dan servicios al autotransporte en carreteras y caminos, sólo el 1% es formal.
Los gastos en camino históricamente han sido reconocidos por las autoridades hacendarias, lo cual desde los años 90 se reconocían estas erogaciones necesarias para dar el servicio: viáticos, reparaciones menores y maniobras de carga eran los principales conceptos autorizados para los contribuyentes dedicados al transporte de carga y pasaje.
Con el paso de los años, el fisco ha recortado estas facilidades de comprobación de una forma desigual al comportamiento de la tasa de informalidad en el país.
El costo de la informalidad ha sido endosado a las empresas de transporte, que buscan evitar un impacto financiero al invertir en equipo, así como echando mano de los estímulos fiscales, los cuales a veces parecen insuficientes para cubrir estas utilidades fiscales creadas artificialmente.
Situaciones como el límite de ingresos para aplicar el estímulo de autopistas, la cuota disminuida de IEPS para acreditar el estímulo por adquisición de diésel, el programa de deducción acelerada con sólo el 86% aplicable sobre el valor de las inversiones, están generando un cerco para las empresas de transporte: las está llevando a una calle sin salida.
Esto genera una guerra de tarifas entre transportistas formales e informales, aunque estos últimos no tienen la problemática de aplicar el estímulo de autopistas, ya que muy probablemente no las utilicen; tampoco la ausencia de estímulo por adquisición de diésel es una complicación para el informal, que si bien el precio final del diésel se ha controlado, el impacto implícito en el manejo del estímulo fiscal y estímulo complementario de IEPS, sólo le impacta a la empresa formal que lleva las de perder en este tema de ajuste de tarifas.
Un “antídoto” para esta situación se encuentra en las mismas disposiciones fiscales, en las cuales se establece una “facilidad de comprobación” para que las empresas del sector puedan deducir estos gastos con comprobantes que no reúnan todos los requisitos fiscales; sin embargo, desde el ejercicio fiscal de 2021 el SAT estableció de manera arbitraria un límite a esta facilidad de comprobación de solamente un millón de pesos al año, sin importar el tamaño de la empresa.
Si bien la autoridad tiene la facultad de otorgar esta facilidad administrativa, el limitarla en importe monetario representa para muchos un tema de ilegalidad, ya que las disposiciones de la ley del ISR no estipulan ningún límite monetario a esta facilidad.
Reconocer estas deducciones aplicando lo ya establecido en las leyes y ampliar la aplicación de estímulos al transporte es fundamental, si se quiere que el sector sea realmente rentable y pueda renovar su flota.
Un programa serio de combate a la informalidad, con resultados tangibles, es la única solución a esta situación de informalidad que están soportando las empresas de autotransporte.
Orlando Reta Leal, socio fundador de Reta Leal & Asociados
Contacto: o.reta@me.com
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