La diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estableció un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para que diseñen e implementen mecanismos de inmediata ejecución que procuren el restablecimiento del orden y prevención de bloqueos en las vías generales de comunicación.
De acuerdo con Gutiérrez Campos, el desarrollo sostenible de la economía del país está estrechamente ligada a la conectividad mediante las vías generales de comunicación, adecuadas y seguras, sin embargo ante el incremento desmedido de la obstrucción de las mismas en diversos estados, el sector empresarial y como consecuencia las familias mexicanas pasan por un problema difícil que va en incremento.
“El permitir que continúe el incremento de estas conductas, contraviene preceptos constitucionales, normativa federal, así como el propio Plan Nacional de Desarrollo de esta Administración”, se lee en el documento.
Por su parte, la iniciativa privada ha estimado en cerca de los 4,200 millones de pesos, los costos ocasionados por los bloqueos en vías generales de comunicación por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ello aunado a los problemas del transporte y su impacto en el desarrollo económico entre los que podemos citar:
- Los retrasos por el transporte de mercancía y pasajeros (tanto de negocios como de placer).
- Costos asociados al uso de vehículos: automóviles, autobuses de pasajeros, camiones de carga, etc.
- Impacto de la disrupción intermodal de transporte y el consecuente retraso en la cadena de suministro.
- Costos de combustibles.
- Incrementos de productividad de las economías por los insumos que reciben en forma de mercancías, conocimientos y nuevos negocios a partir de la llegada de personas y carga.
- Costos al medio ambiente.
- Crecimiento económico per se.
- Costos a las empresas altamente dependientes de sistemas Justo a Tiempo y de transporte de perecederos.
- Impactos financieros – multas por retrasos, pérdida de mercancías, etc. – a todo tipo de industrias y usuarios.
- Pérdida de valor para los consumidores y las empresas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI, publicados en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx, los estados afectados por los paros de la CNTE aportan el 34.24% del PIB nacional: Distrito Federal (16.5%), Nuevo León (7.27%), Tabasco (3.14%), Michoacán (2.43%), Chiapas (1.78%), Oaxaca (1.61%) y Guerrero (1.51%).
De igual forma, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, nuestra economía es altamente dependiente de la infraestructura carretera, ello sin mencionar que el 98% de la movilización de personas también ocurre en este modo de transporte, cerca de 3,500 millones de pasajeros al año que se mueven a lo largo y ancho del país.
El impacto potencial de los bloqueos puede afectar entonces alrededor de 170 millones de toneladas al año y un total de 1,200 millones de viajes de pasajeros cada año si los distribuimos proporcionalmente de acuerdo al PIB estatal. Esto es en retrasos, robos, retornos de mercancías y pasajeros y demás efectos de los bloqueos carreteros.
Por esta estructura de la economía mexicana es que, si bien las pérdidas económicas han sido estimadas en 4,200 millones de pesos por el sector privado [*], es posible que las mismas sean aún mayores y mucho más si el conflicto se alarga.
Las economías de Nuevo León y del Distrito Federal son más fuertes y cuentan con muchas más herramientas para diversificar su riesgo, sin embargo, las economías más pequeñas son sumamente vulnerables a estos bloqueos.
Los estados donde mayor presencia tiene la CNTE y donde más se ha afectado a la población es donde más se concentra la pobreza : Chiapas con el 76% de pobreza, Oaxaca (67%), Guerrero (65%) y Michoacán (59%).
Particularmente en estas entidades, la presencia generalizada de los bloqueos está teniendo efectos directos e indirectos en todas las empresas de los mismos. Esto podría calcularse en un total de 664,153 unidades económicas afectadas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Chiapas (155,280), Oaxaca (177,954), Guerrero (135,564) y Michoacán (195,355).
Los avances que el gobierno dice que se han tenido para solucionar el problema son insuficientes, si consideramos que este conflicto inició desde el año 2013 en que se aprobó la reforma educativa, concluye el punto de acuerdo publicado en un comunicado.
