El senador Víctor Mercado Salgado, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Auditorías e Inspecciones de Infraestructura y Seguridad Vial, con el objetivo de identificar peligros, reducir riesgos y prevenir siniestros de tránsito en el país.
El legislador explicó que la propuesta busca garantizar el derecho constitucional a una movilidad segura, mediante un marco regulatorio que respete el sistema de distribución de competencias, la legalidad administrativa y los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Entre sus principales objetivos se encuentra establecer las bases para realizar auditorías e inspecciones de infraestructura y seguridad vial, promover la identificación y reducción de riesgos durante todo el ciclo de vida de las obras, así como definir criterios para programar y priorizar estas evaluaciones.
La iniciativa también contempla establecer requisitos mínimos de competencia técnica, independencia y documentación para quienes realicen las auditorías, además de definir obligaciones para que las autoridades respondan a los hallazgos y den seguimiento a las medidas correctivas.
Mercado Salgado destacó que otro de los propósitos es garantizar la atención oportuna de riesgos graves, fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes y facilitar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Aclaró que la propuesta no busca crear una nueva autoridad nacional con facultades generales de intervención sobre todas las vías de comunicación, sino aprovechar las instituciones existentes, fortalecer sus atribuciones legales y establecer mecanismos comunes de coordinación y seguimiento.
El senador recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya reconoce las auditorías e inspecciones de infraestructura y seguridad vial como instrumentos preventivos, correctivos y evaluativos.
Sin embargo, consideró necesario contar con un marco legal sistemático que permita traducir estos mecanismos en resultados verificables, al definir su alcance, las etapas en que deben aplicarse, los criterios de priorización y las condiciones de independencia técnica de las evaluaciones.
En ese sentido, señaló que la iniciativa busca complementar la legislación vigente, fortalecer la coordinación institucional y establecer obligaciones claras, sin invadir las competencias de las distintas autoridades.
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.
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