Actualmente, el marco normativo para las empresas de seguridad privada es difuso, pues no existe una homologación de requisitos para su operación entre los distintos órdenes de Gobierno, y las compañías del sector se ven obligadas a cumplir con una ley federal, 32 estatales y algunas otras de carácter municipal.

Para Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), contar con una Ley General de Seguridad Privada ayudará a cumplir con un marco normativo que sea simétrico, pues “hoy las leyes están hechas a modo para generar un cultivo perfecto de actos de corrupción”, señala.

La propia iniciativa para crear la Ley General de Seguridad Privada reconoce que los procedimientos administrativos para obtener la autorización de operación de este tipo de servicios a nivel local generan incertidumbre jurídica, lo que a su vez propicia la extorsión, colocando a la legislación local y a los sujetos de la norma en un estado de incumplimiento de la misma. 

Si bien actualmente existe una Ley Federal en materia, Sapién Santos considera que ya no pueden existir, y menos en temas de seguridad, fronteras en el tema regulatorio entre federación, estados y municipios. 

“Esta ley de carácter general marcará, como su nombre lo dice, las bases de carácter general para que los estados regulen a la seguridad privada”, señala en entrevista para TyT. 

El especialista compara la relevancia de esta ley con lo que sucede con una ley general en materia de salud, que si no existiera podría suceder que ciertos fármacos sean de venta libre en algunos estados y en otros no, lo que generaría confusión entre consumidores. 

En el caso de la seguridad privada, por ejemplo, crearía un marco normativo que contemple cuándo es necesario que los custodios utilicen armas de fuego, cuándo es necesaria una recapacitación y prácticas de tiro.

El tema no es menor. Raúl Sapién comenta que se trata de un asunto de interés empresarial, pero también para la población en general, toda vez que la seguridad privada convive con las personas en espacios como plazas comerciales, aeropuertos y, desde luego, en las casetas y carreteras del país. 

“Hoy es una realidad que todas y todos los mexicanos tenemos un contacto indirecto, aunque no contratamos sus servicios, con personal de seguridad privada”, expresa. 

El reto de la irregularidad

A la sobrerregulación a la que están sujetas las empresas de seguridad privada se añade la proliferación de aquellas que operan de forma ilegal. 

Previo a su disolución en 2018, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estimaba que operaban alrededor de 6,000 empresas de seguridad privada, donde sólo 3,640 estaban debidamente acreditadas, y de éstas, 1,200 contaban con permiso federal y el resto cuenta con permisos locales; sin embargo, eso dejaba a unas 2,300 de las que se tenía conocimiento pero que operan sin registro ni personal certificado.

Esta situación atenta directamente a los intereses de aquellas empresas que contratan estos servicios, son propicias para ser víctimas de la delincuencia.

La iniciativa de Ley General de Seguridad Privada reconoce que el crecimiento de estas compañías irregulares se ha visto impulsada porque ofrecen sus servicios a un menor costo en comparación con aquellas que cubren todos los requerimientos administrativos exigidos por las autoridades.

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¿Qué marca esta propuesta de ley?

Se compone de 78 artículos y siete disposiciones transitorias que contemplan modificaciones, adecuaciones e innovaciones a partir de un diagnóstico conjunto entre autoridades y el sector, sobre el estado en el que operan los servicios de seguridad privada y el papel que deben desempeñar al auxiliar a la seguridad pública en la prevención de delitos. 

Dentro de las innovaciones y aportes se encuentran:

  • Establecer una Autorización Única, de tal modo que se homologuen los requisitos para permitir la prestación de estos servicios en todo el territorio nacional a personas físicas o morales en las modalidades aplicables.
  • Clasificar al personal que presta sus servicios en las empresas de seguridad privada en operativo y aquel con acceso a información confidencial, distinción que actualmente no existe a pesar del manejo de información sensible relacionado con la actividad.
  • Ampliar y precisar las modalidades existentes al incluir, por ejemplo, los sistemas de blindaje.
  • Fortalecer la importancia de la profesionalización del sector, haciendo énfasis en la capacitación del personal operativo, así como la inclusión del uso y manejo responsable de datos personales e información confidencial.
  • Crear un Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada como un mecanismo de coordinación entre el Gobierno federal y los órganos estatales, con el objetivo de homologar criterios y procesos en todo el país.
  • Crear un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, que permita a las autoridades generar información fidedigna sobre el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada. 

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno del Senado de la República en 2018, con 50 votos a favor, 35 en contra y una abstención, y fue remitida a la Cámara de Diputados, ¿qué sucedió con ella?

Una deuda legislativa

Raúl Sapién explica que el CNSP lleva prácticamente nueve años trabajando en generar la sensibilidad en los políticos, reguladores y autoridades de seguridad pública, sobre la necesidad de contar con la Ley General de Seguridad Privada. 

El entrevistado lamenta que este proyecto siga detenido en el legislativo, pues desde 2021 se logró una reforma al artículo 73 párrafo XXIII bis constitucional, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir el proyecto de la Ley General de Seguridad Privada, lo cual no se ha cumplido pese a que se otorgó un plazo de 180 días.

“En su momento se logró dar un gran paso para el sector, para el país, para la sociedad, desafortunadamente llevamos años y este término no se ha dado cumplimiento a lo establecido. Y, bueno, pues hoy el Congreso de la Unión está en deuda con el sector”, comenta. 

Raúl Sapién opina que por el momento se ha perdido el interés y voluntad política, pues los actores estuvieron enfocados en las elecciones de este año y tocará esperar al próximo periodo legislativo para continuar trabajando en sensibilizar sobre la relevancia de esta ley.

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