Los miembros de la Organización Mundial de Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) aprobaron por unanimidad una resolución que solicita la creación de un mecanismo para la gestión de crisis de combustible e insta a los gobiernos a colaborar con los operadores de transporte por carretera en la elaboración de planes de contingencia.
La resolución fue adoptada para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio, el cual ha generado fuertes perturbaciones en las rutas comerciales y los mercados energéticos. La organización señaló que para el sector del transporte por carretera, el impacto del encarecimiento de la energía se ha visto agravado por los impuestos especiales sobre los combustibles y el IVA.
La IRU destacó que más del 90% de los operadores de transporte por carretera son pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales operan con márgenes de ganancia de apenas entre 1% y 3%, lo que limita su capacidad para absorber aumentos repentinos en los costos.
De acuerdo con la organización, un incremento de 10% en los precios del combustible en una semana o una volatilidad superior a 10% en un solo día son señales claras de una crisis de combustible.
Las medidas
Con el objetivo de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y garantizar la continuidad de los servicios esenciales de transporte durante una emergencia, la IRU pidió a los gobiernos implementar un mecanismo de respuesta basado en medidas inmediatas y acciones de largo plazo.
Entre las medidas para la fase inicial de una crisis propone liberar reservas estratégicas de petróleo para garantizar la disponibilidad de productos refinados, reducir temporalmente los impuestos especiales sobre los combustibles para los operadores de transporte por carretera, establecer límites temporales a los incrementos de precios y desarrollar planes de contingencia en coordinación con el sector.
Para una crisis prolongada, plantea habilitar esquemas temporales de apoyo estatal, otorgar préstamos de liquidez a bajo interés mediante bancos nacionales de desarrollo y activar planes de contingencia para asegurar el suministro de combustible y aditivos en caso de escasez.
Como parte de una estrategia de largo plazo, la IRU propone establecer un mecanismo permanente de indexación de precios de combustibles y un observatorio para monitorear el suministro energético, aplicar un impuesto único al combustible para todos los sectores del transporte, incentivar el uso de combustibles alternativos —incluidos aquellos libres de fósiles, como el biodiésel— y promover el cambio del automóvil privado hacia medios de transporte colectivos.
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