Debido a que entre el 30 y 35% de los más de 380 mil kilómetros de carreteras se encuentran en condiciones “complejas” y que la seguridad es una de las principales demandas del autotransporte federal, la diputada Lluvia Flores Sonduk hizo un llamado a las autoridades para mantener la paz y tranquilidad de los usuarios, así como para mejorar las condiciones de esta infraestructura.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a elevar el número de agentes encargados de resguardar la paz y el orden en las carreteras del país, así como mejorar la tecnología de seguridad para tranquilidad de los usuarios.
De acuerdo con un comunicado emitido por el grupo parlamentario del sol azteca, la integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro también señaló que incluso algunos tramos de la red carretera del país requieren ser reconstruidos, ya que una infraestructura deficiente impacta negativamente en las entidades o regiones que dependen del comercio, el turismo o la agricultura.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que la infraestructura deficiente de las vías impacta de manera negativa al crecimiento de las entidades y, desde luego, a regiones donde el comercio es de primera importancia.
Asimismo, indicó que usuarios de las carreteras en el territorio nacional están inconformes con las condiciones de las vías de comunicación porque muchas de estas son intransitables, y esto es el reclamo del 80% de quienes se dedican a la carga nacional y casi el 90% del transporte de pasajeros.
Flores Sonduk refirió que estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las carreteras en México han señalado su mal estado y el impacto negativo que esto genera a dichas actividades, por lo que no sólo se debe garantizar rapidez de las vías de transportación, sino también la seguridad.
En este sentido, sugirió hacer descuentos al pago de peaje en aquellas vías que no ofrezcan estas condiciones, ya que afectan la competitividad del país y no hay “una justificación pública, objetiva y razonable” para seguir incrementando las tarifas.
