La Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada (ASUME) hizo un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para retomar diálogos sobre la propuesta para la Ley General de Seguridad Privada.
Hacemos un llamado al secretario Omar García Harfuch para retomar este trabajo conjunto, revisar el proyecto en coordinación con el sector y avanzar hacia su presentación en el Congreso, con el objetivo de lograr finalmente una legislación que brinde certeza jurídica, combata la informalidad y fortalezca la seguridad en el país.
Esto, luego de que en conferencia de prensa, el funcionario comentó que la aprobación de la ley no es un problema, sino la regulación de las empresas que ofrecen los servicios y la capacitación de sus elementos para que tengan los elementos necesarios para colaborar con las autoridades.
Considero, es una opinión personal, que más que pasar la ley o que se apruebe la ley, es un tema de quién puede participar para coadyuvar con las autoridades federales y locales, y no solo hacerlo en general cuando no todas las personas están capacitadas para hacerlo», manifestó.
Al respecto, ASUME reconoció la importancia de definir con claridad quienes pueden participar en la seguridad pública, dado que existe un número significativo de empresas que operan sin registro ni supervisión, lo que genera incertidumbre jurídica.
Asimismo, comentó que es necesaria una regulación adecuada para garantizar un entorno de seguridad confiable, profesional y alineado con las necesidades del país e insistió que para ello es imprescindible que exista una ley.
Para garantizar que sólo las empresas serias y comprometidas con la legalidad participen en la seguridad del país, es fundamental contar con una Ley General de Seguridad Privada que homogenice la regulación a nivel nacional y permita a las autoridades supervisar, sancionar y fortalecer la calidad del sector.
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La Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada destacó que la seguridad privada debe ser parte de la solcuión no del problema, por lo que enfatizó que se requiere una regulación clara, nacional y homogénea que sancione la infornalidad y permita mayor coordinación con las autoridades.
Y, detalló que entre los beneficios de la Laey General de Seguridad Privada se incluyen:
- Sancionar a empresas informales y exigir que todas cuenten con permisos, certificaciones y registros ante el IMSS.
- Garantizar servicios de calidad, estableciendo estándares de capacitación obligatorios.
- Reducir riesgos y atraer inversiones, promoviendo un entorno seguro y regulado.
- Fortalecer la colaboración público-privada, alineando esfuerzos con las autoridades para mejorar la seguridad nacional.
- Generar empleos formales, consolidando un sector que hoy emplea a más de 800 mil personas y que podría superar el millón con una regulación efectiva.
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