A raíz del paro de varias rutas del transporte público registrado a principios de este mes en la entidad, la Secretaría de Movilidad (Semov), inició más de 500 procesos administrativos para sanción, que podrán ir desde una amonestación por escrito, multa económica o cancelación del contrato de concesión, hasta denuncias penales en aquellos casos donde se obligó a los transportistas a suspender el servicio.
Los directores generales de transporte público y jurídico de la Semov, Gustavo Flores Delgadillo y José Luis Quiroz González, respectivamente, informaron que los transportistas ya fueron notificados del inicio de este procedimiento para que hagan valer su derecho de audiencia y defensa.
Se trata de transportistas de las rutas 174, 629, 644-A, 646, 623-A, 619, 321, 320, 644, 55, 51, 622 y 626, de las cuales, únicamente las dos últimas suspendieron totalmente el servicio, debido a lo cual estarían en el supuesto de la cancelación de sus contratos de subrogación que tienen firmados con el SISTECOZOME, mismos que se definirán una vez que se desahoguen las pruebas que tienen derecho a presentar.
De lo que señalen los transportistas de estas dos rutas en el sentido de si los obligaron o si fueron víctimas de actos violentos, dependerá el grado de su sanción, expuso el director jurídico, José Luis Quiroz González, pues dijo que así lo han manifestado algunos que ya han acudido a la Semov.
Además de la cancelación del contrato de subrogación o concesión, aunque depende de la gravedad de la falta y de las pruebas que aporten en su defensa, las multas económicas van desde 2 mil 600 pesos la más baja, hasta los 10 mil 800 pesos la más alta.
Quiroz González expuso que la dependencia estará vigilante de que se preste el servicio de transporte público con normalidad y ante cualquier caso de suspensión, o incluso si se sanciona con la cancelación del contrato a algún transportista, se actuará de inmediato, primero con unidades de apoyo y, segundo, aplicando la ley.
Por su parte Gustavo Flores Delgadillo expuso que el diálogo continúa con los transportistas de las 114 rutas que sí le apuestan a prestar un mejor servicio con el cambio del actual modelo, a lo que se niegan los paristas, y fue enfático al señalar que “el modelo ruta-empresa no está a negociación porque es un proceso previsto en la adecuación que se hizo a la Ley”.
En este sentido sentenció que no habrá ningún acuerdo que perjudique a los usuarios del transporte público, y menos con transportistas que ven en la suspensión del servicio una salida para obtener una mejor tarifa.
