El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de combustibles.
El objetivo, explica el documento, es prevenir abusos en contra de los consumidores. Asimismo, pide a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionar cualquier práctica irregular que afecte el sector.
Entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo federal estableció la regulación sobre precios máximos de la gasolina y diésel, considerando las diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la inflación esperada.
Para este 2018, los precios serán determinados por el mercado y por la decisión de los empresarios gasolineros, quienes fijarán los precios en función de variables como el tipo de cambio, los costos asociados al transporte, al almacenamiento y la distribución, de forma que fuese posible cubrir el costo para que el producto se mueva y llegue a las estaciones de comercialización y al público en general.
Sin embargo, apuntan los legisladores, con este proceso de determinación de los precios es posible presenciar actos de competencia desleal por parte de los competidores, con afán de lucro, lo que generaría distorsiones en el mercado.
