Un tema del que se ha hablado mucho, sin que verdaderamente se hayan logrado avances significativos, es la tan aclamada “facilitación aduanera”. Término al que hemos hecho referencia en diversas ocasiones en este espacio. La más reciente fue cuando analizamos la reforma a la Ley Aduanera, la cual antepone la recaudación, los controles y vigilancia excesiva por sobre la competitividad, crecimiento y desarrollo de nuestro comercio exterior, la facilitación aduanera y fortalecimiento de las aduanas mexicanas. 

El argumento del Gobierno es el combate a la evasión y elusión fiscal; sin embargo, las modificaciones que ya entraron en vigor desde el pasado 1° de enero están lejos de mejorar, fortalecer y modernizar la legislación aduanera como se señaló en la exposición de motivos. 

Es cierto que se necesitaba una reforma ante malas prácticas en las aduanas en las que también participa la propia autoridad aduanera; sin embargo, el Acuerdo de Facilitación Comercial de la Organización Mundial del Comercio, de la cual México es miembro, pugna por la transparencia y el establecimiento de procedimientos aduaneros que eviten la arbitrariedad, con el objetivo de reducir los costos y agilizar los procesos en aduana y el comercio. Y esta reforma dista de ello.

La realidad es que la operación aduanera ha rebasado y superado la normativa. Es decir, en muchos procedimientos aduaneros previstos tanto en la ley, su reglamento y Reglas Generales de Comercio Exterior, las normas son letra muerta. Un caso preciso es la notificación tardía del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, mejor conocido como PAMA, en el que existe embargo precautorio de la mercancía.

Transporte detenido durante meses

En este espacio quiero visibilizar algunas de las más comunes e ineficientes actuaciones por parte de la autoridad aduanera que impactan severamente en la actividad de los transportistas, su negocio y, por ende, en su patrimonio. En primera instancia, me refiero a los largos tiempos de espera que los operadores deben enfrentar, ya sea para la práctica de un reconocimiento aduanero –que implica una revisión exhaustiva por parte de personal de la aduana–, en donde en el mejor de los escenarios es esperar horas, pero cuando la aduana determina que se debe llevar a cabo el muestreo de la mercancía para enviarse a su análisis correspondiente ante el Laboratorio de Aduanas, se traduce en un largo periodo de espera, con costos para el importador y pérdidas para el transportista, al tener detenida la unidad en aduana.

De los dos supuestos señalados anteriormente, existen casos de unidades detenidas por más de dos meses, en espera de respuesta por parte de la autoridad aduanera, y en el caso específico del muestreo, en donde justo luego de que la aduana recibe el resultado de los análisis de laboratorio, ésta determina que no hay infracción alguna que perseguir y autoriza el que la mercancía y la unidad se puedan retirar de la aduana, dejando al importador y al transportista con sobrecostos.

Un supuesto más es justamente cuando, derivado de un embargo precautorio de mercancía, donde la unidad se constituyó como garantía del interés fiscal, y una vez que la presunta irregularidad y causal de embargo es subsanada o desvirtuada por parte del importador, nos enfrentamos a una burocracia tremenda para obtener la liberación de la mercancía y medio de transporte. Esto, aun y cuando las multas han sido debidamente cubiertas, y cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley. 

Pareciera en ocasiones que la autoridad no es sensible ante el sentido de urgencia de recuperar la mercancía y la unidad, y de la necesidad de detener el cúmulo de gastos que se originan ante una situación de este tipo.

Los escenarios expuestos me parece que evidencian la fuerte crisis que se vive en las aduanas de nuestro país, por cuanto hace a la falta de personal, pero también la de contar con personal debidamente capacitado y con el conocimiento necesario ante el dinamismo de nuestro comercio exterior, y por la implementación de modificaciones tan radicales a nuestra normativa. 

Es más que evidente y palpable el resultado de decisiones, como militarizar las aduanas y dejar la operación de las mismas en manos de personal inexperto, sin conocimiento, sin capacidad operativa, y que fue adiestrado para otro tipo de tareas, y no para el comercio exterior y aduanas.

Sin duda, el reto al que se enfrentan los transportistas, importadores, exportadores, agentes aduanales y demás actores es grande, y desde este espacio apelamos y hacemos un llamado para que, en el recién instalado Comité Especializado en Materia Aduanera (COEMAD), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismos y asociaciones representativas los sectores de la industria verdaderamente trabajen y sumen esfuerzos para mejorar los procesos aduaneros del país.

Brenda Ángeles Romero
Abogada especialista en comercio exterior en CASADUANA
Red X @BrendaAngRom 
bangeles@casaduana.com
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