El operativo de prevención de toma de casetas en el país, realizado por el Gobierno federal, evitó la pérdida de 1,360 millones de pesos en abril, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, expuso que de enero a abril de este año, las acciones realizadas por la autoridad en las plazas de cobro evitaron la fuga de 4,848 millones de pesos.
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A marzo pasado, el acumulado fue de 3,488 millones de pesos, esto quiere decir que durante abril se impidió que manifestantes y grupos dedicados a la toma de casetas se hicieran de 1,360 millones de pesos.
De 2020 al cuarto mes del año, los operativos implementados en casetas rindieron frutos por 14,445 millones de pesos, añadió Rosa Icela Rodríguez en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En enero pasado, cuando la SSPC dio un informe detallado, las plazas de cobro donde se realizaban operativos eran Tlalpan y Tepotzotlán, donde arrancó su estrategia el 28 de julio de 2019.
En las casetas de Baja California y Palmillas, con operativos iniciados en septiembre de 2019; en distintas plazas de Sonora, con fecha de arranque en enero de 2020; en San Martín, San Marcos y Chalco, en el Estado de México, con operativos iniciados en julio del año pasado.
A estos se sumaron acciones de prevención de pérdidas en distintas casetas de Nayarit, a partir de septiembre del año pasado; y en cuatro plazas de cobro de Idea y dos más administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), en Sinaloa, a partir del 28 de noviembre de 2020.
La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero de este año, estipula hasta siete años de cárcel y fuertes sanciones económicas para quienes lucren con la toma de casetas o realicen el denominado “boteo”.
Esta medida dicta que quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje para obtener un lucro, serán sancionados con una pena de tres meses a siete años de prisión.
