Ante la saturación del puerto actual, el proyecto del Nuevo Puerto de Manzanillo es prioritario dentro del desarrollo económico de México, sin embargo, su ejecución se enfrenta a una serie de retos ambientales y a una legislación ambiental obsoleta.
Juan Carlos Tejeda González, Coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), señaló que el gobierno se enfrenta a un dilema a seguir una política de conservación ambiental, pero también la política de desarrollo de infraestructura.
“Son políticas válidas, pero no son compatibles”, comentó en la conferencia “Análisis del Impacto Ambiental del Nuevo Puerto de Manzanillo organizada por el CICM.
Consideradas al pie de la letra, las políticas de conservación son opuestas a las de desarrollo; el gobierno federal tendrá que decidir cuál política seguir: la conservación del manglar o el desarrollo del puerto, no puede apoyarse ambas.
En la actualidad el puerto de Manzanillo tiene la segunda aduana con mayor recaudación en el país y el con el proyecto del Nuevo Puerto se estima que crezca cuatro veces la capacidad y por lo tanto la recaudación, por ello la necesidad de realizar esta ampliación, dijo.
Sin rendición de cuentas
A nivel internacional, los estudios de impacto ambiental no se diseñaron para prohibir el desarrollo de infraestructura, sino para reflexionar en los posibles efectos que se presentarían a futuro por el desarrollo de obras o actividades.
Sin embargo, uno de los elementos clave que se aplica en otros sistemas de evaluación y no en México es la rendición de cuentas, expuso el especialista en material ambiental.
En este sentido, explicó que en el país, los promoventes de obras pueden decidir ejecutar una obra independientemente de los impactos ambientales que se produzcan y se harán responsable de los efectos que sean atribuibles, se hayan o no identificado en el estudio de impacto ambiental.
“En México, a pesar del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no existe una verdadera rendición de cuentas”, explicó Tejeda González.
Cambios en la configuración
Para el proyecto del Nuevo Puerto de Manzanillo, en enero pasado, las autoridades solicitaron el ingreso de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por el cambio de la configuración del proyecto originalmente ingresado.
Cabe destacar se determinó una nueva distribución para el Nuevo Puerto de Manzanillo y esto fue provocó que se solicitara una nueva MIA, para reiniciar el proceso, ya que no correspondía al proyecto inicialmente ingresado.
Ante esta situación, todo lo que los participantes del nuevo proyecto que ya habían invertido en estudios de manifestación ambiental pues deberán considerar las nuevas condiciones de configuración.
Problemas regulatorios
De acuerdo con Tejeda González, existe sobrerregulación de instrumentos de regulación de uso de suelo, no están bien delimitados, esta situación crea problemas en la MIA.
En la regulación ambiental la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022-SEMARNAT-2003, son los elementos jurídicos que más problemas presentan para su vinculación.
Sin embargo, si estos elementos o los de regulación de uso de suelo se hubieran seguido al pie de la letra, no hubiera Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, AIFA y la expansión de la zona norte del Puerto de Manzanillo, entre otros miles de proyectos en el país.
“Por lo tanto, cuando un impacto no puede ser prevenido, mitigado o controlado, el único mecanismo que se puede aplicar es la compensación, misma que deberá ser, en lo mínimo, equivalente al gran impacto que estará generando” apuntó Tejeda González.
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