Con un decrecimiento de la economía, que de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alcanzaría una cifra de 10% este 2020, las finanzas del sector público y privado peligran.

Derivado de la desaceleración económica del país y el mundo, la iniciativa privada tendrá un menor flujo de efectivo y, por tanto, el Gobierno obtendrá menos ingresos por impuestos, lo que repercutirá en las finanzas de ambos sectores. 

De acuerdo con la consultora PKF México, las compañías –incluidas las del autotransporte y servicios logísticos– al no obtener el mismo ingreso, generarán menos riqueza y, por tanto, menor Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Se van a destapar algunos incumplimientos de obligaciones fiscales por parte de la iniciativa privada –y no porque lo quiera– sino por la parte del flujo de efectivo”.

José Ángel Trillo, Socio Director de PKF México.

Al entrar a una fase tres de contingencia, señaló el experto, las autoridades tendrían que tomar otras medidas económicas distintas a las que ya anunciaron, en las que sí haya un diferimiento de los impuestos; porque –aunque se quiera– será imposible para un número importante de empresas pagar algunas contribuciones.

Por lo tanto, el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tendrá menos ingresos, lo que impactará en las finanzas públicas.

Y el sector empresarial, al no obtener utilidad –derivado de un menor consumo por la las restricciones a la población ante la pandemia de COVID-19 – detendrá sus inversiones y recortará personal.

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La organización México Cómo Vamos explica que cuando un privado invierte en capital fijo de forma productiva puede generar un mayor número de empleos, es más eficiente y competitivo. Además, puede destinar recursos en investigación y desarrollo para mejorar la calidad de sus productos. 

Cuando el gobierno invierte en infraestructura y obra pública genera mejores condiciones para reducir los costos de transporte, producción y logística.

En la Administración obradorista, la inversión pública –la que realiza el Gobierno– no llega ni al 3 por ciento del PIB nacional; mientras que la de la IP es de alrededor de 19 por ciento. Lo anterior implica que la inversión privada es casi 7 veces superior que la pública.

De acuerdo con el Informe de las Finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 2019, la inversión física del Gobierno federal y de empresas productivas del Estado cerró en 564 mil 468 millones de pesos, que representa un nivel de 2 por ciento como porcentaje del PIB.

Aun con un pronóstico de menor captación de recursos por el pago de impuestos –el ingreso más fuerte que tiene el Gobierno federal–, la Administración de AMLO mantiene en marcha los proyectos emblemáticos de la 4T –como lo son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la nueva refinería de Dos Bocas– y sus programas de asistencia social. 

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«El enfoque de AMLO es en el área social. Junto con sus asesores, cree que, capitalizando a ese sector, que no es privilegiado en recursos monetarios, les ayudará a mantenerse”, dice José Ángel Trillo.

“Y al otro sector (el privado) el mensaje es: ‘no voy a diferir, ni condonar, ni suspender los impuestos; ustedes tienen los recursos adecuados para soportar el problema, pero cumpliendo las obligaciones fiscales’”. 

Quiebres o deudas para las PyMEs

Sin un plan fiscal para enfrentar los estragos del paro económico ante el avance del COVID-19 en el país, el golpe para las empresas será inevitable.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó el lunes que no habrá otro plan económico que su estrategia enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, y tampoco incentivos fiscales para las empresas pequeñas, medianas y grandes. 

En este escenario, las compañías en el país, incluidas las del sector autotransporte y servicios logísticos, buscarán recurrir a endeudamientos para tratar de mantenerse operativas durante la contingencia.

La International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México indicó que sólo una planta productiva sana, con capacidad para sostener y crear más empleos, generará los recursos fiscales que logren mantener y sumar los programas sociales del Gobierno para apoyar a la población más desprotegida.

México no puede ni debe ser la excepción al caminar a contracorriente de lo que están realizando las principales economías del mundo, cuyo principal interés en esta etapa de crisis nacionales y mundial, es contener el casi inevitable deterioro de la columna vertebral de su economía interna representada por las MiPymes”.

ICC capítulo México