La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la Guardia Nacional considere mapas de incidencia delictiva del fuero federal, focos rojos y diagnósticos elaborados por las instituciones de seguridad pública en la planeación de sus operaciones.
La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala, adiciona un tercer párrafo al artículo 78 de la Ley de la Guardia Nacional con el objetivo de focalizar el esfuerzo institucional conjunto, sin menoscabo de las estrategias y operaciones de carácter federal que determine la propia corporación.
La propuesta también establece que, en el ámbito estatal y municipal, la Guardia Nacional deberá tomar en cuenta la información generada por las autoridades locales para planear sus operaciones, despliegues territoriales y patrullajes preventivos.
De acuerdo con el diagnóstico que sustenta la iniciativa, existe una desconexión operativa entre la Guardia Nacional y la inteligencia local, derivada de un modelo centralizado de toma de decisiones. Esto provoca que los despliegues sean poco focalizados y reduzca su eficacia para atender las zonas con mayor incidencia delictiva.
Con este proyecto se busca transitar de un modelo de seguridad basado en la presencia generalizada a uno de prevención focalizada, sustentado en información estratégica de proximidad generada por las autoridades municipales. La iniciativa no modifica la estructura institucional ni implica costos adicionales, sino que plantea optimizar los recursos ya existentes.
Asimismo, propone fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública al reconocer a los municipios como actores relevantes en la generación de inteligencia local, sin afectar la conducción estratégica ni la autonomía operativa de la Guardia Nacional.
Durante la sesión ordinaria, en la que el dictamen fue aprobado con 22 votos a favor, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Luis Arturo Oliver Cen, aseguró que la iniciativa no invade competencias federales ni altera el mando de la institución, ya que únicamente establece criterios para considerar la información proporcionada por las autoridades estatales y municipales.
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