Con 399 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados avaló el dictamen para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regule el uso y la comercialización de inhibidores de señales (jammer).

Durante la discusión en el pleno, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, argumentó que dicho dictamen atiende una problemática que aqueja al sector de autotransporte, principalmente en el robo de unidades.

El diputado explicó que se propone adicionar los artículos  190 Bis a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el 168 Ter al Código Penal Federal, para que de esta manera quede prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación y portación de equipos que bloqueen cualquier tipo de señal.

“El delito de robo a autotransporte se ve facilitado con este dispositivo, debido a que bloquea la señal GPS, imposibilitando conocer la ubicación del vehículo. Los jammers emiten una señal más potente que las señales celulares en la misma frecuencia”, indicó.

El diputado Víctor Pérez apuntó que según estadísticas de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, de enero a noviembre de 2018, se registraron 2,569 robos a nivel nacional y en más del 75% de estos, los delincuentes usaron estos aparatos. De la misma manera, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018, el robo a autotransporte en México se incrementó en un 81%. Asimismo, según registros de la Canacar, este delito creció casi 90% , tan solo de 2017 a 2018 y se elevó un 168% en el periodo del 2012 al 2018.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aseguró que el robo al autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional, pues implica consecuencias para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías que son transportadas.

Datos de la Canacar estiman que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante el año 2017 ascendieron a 92,500 mdp lo que representa el 0.5% del PIB a nivel nacional.

Con esta aprobación, el dictamen pasará al Senado para su discusión.