La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la cual se regirá las instituciones encargadas de esta función.

El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y abroga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en 2009.

El objetivo de la nuevo ley es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que lo integran.

Ésta señala que la seguridad pública será una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, la reinserción social de las personas sentenciadas, y la sanción de las infracciones administrativas.

Establece que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención de las violencias y del delito con carácter integral, atención a las causas; programas y acciones, y la protección de víctimas.

Asimismo, señala que se distribuirán entre los tres órdenes de gobierno competencias específicas de seguridad pública, a fin de que se coordinen de manera eficiente, regulen procedimientos de reclutamiento y se profesionalice a los elementos a cargo de la seguridad.

Detalla que los Centros de Comando y Control serán instalaciones de seguridad pública y atención de emergencias que integran tecnologías de videovigilancia, identificación vehicular, análisis de datos y coordinación operativa destinadas a la coordinación y supervisión operativa en tiempo real de las actividades de prevención, vigilancia y atención de emergencias. 

Su función principal es centralizar el monitoreo de cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación y alertas ciudadanas, entre otras, permitiendo la toma de decisiones inmediata para responder a situaciones de riesgo o incidencia delictiva, así como mejorar la capacidad de reacción ante emergencias.

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El dictamen que se remitió al Senado, en lo general recibió 445 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular obtuvo 423 votos a favor, 63 en contra y cero abstenciones.

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