Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) el anuncio del gobernador César Duarte de ampliar hasta el mes de noviembre el Programa para que el Estado de Chihuahua facilite la importación definitiva de vehículos automotores usados que circulan en dicha entidad es una prueba de la incapacidad gubernamental para cumplir con sus obligaciones y garantizar la legalidad.
Señala el organismo empresarial que el esquema aprobado por la Federación desde el 30 de octubre de 2012 y ampliado el pasado 18 de julio hasta el 31 de agosto de 2013, fue un esfuerzo del gobierno federal para lograr el ordenamiento del parque vehicular chihuahuense con el objeto de disminuir la criminalidad, la evasión fiscal, la contaminación ambiental y la perniciosa diferencia social entre los ciudadanos que cumplen con la ley y los que la violentan sin ninguna consecuencia.
Guillermo Rosales, vocero del organismo nacional, consideró que “este plazo fue suficiente para que los interesados en concluir con los trámites para la importación de vehículos usados en la Entidad lo pudieran hacer. La ampliación hasta noviembre no servirá para incrementar significativamente los vehículos importados, para lo único que servirá es para demostrar que la autoridad es incapaz y no tiene voluntad de hacer cumplir la Ley.”
La AMDA añadió en su comunicado de prensa que “será una prueba más de que el gobernador César Duarte cedió ante las amenazas de los grupos que promueven la reacción violenta para defender privilegios al margen de la legalidad, aun cuando él mismo reconoció que promovió el programa “primero porque requerimos que haya orden para combatir la anarquía y segundo porque está comprobado que los vehículos sin placas son una herramienta de la delincuencia””.
