En el 17° Congreso Internacional de Transporte (CIT) se plantearon estrategias restrictivas para el uso del vehículo particular, encaminadas a generar recursos que puedan destinarse de manera íntegra y directa al transporte público en los estados del país, como una alternativa para garantizar una movilidad segura, accesible, eficiente y sostenible en México.
Del 7 al 9 de mayo se llevó a cabo el 17 CIT, organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), en la Ciudad de México. Dos de los principales ejes abordados fueron el reto de la sostenibilidad financiera del transporte público de pasajeros y la congestión vehicular, que deteriora la calidad de vida de la población y afecta la economía de las ciudades, así como el medio ambiente.
El foco central del encuentro fue la urgencia de contar con mayores recursos públicos para garantizar el derecho a la movilidad de los mexicanos. Durante el panel “Gobernanza que transforma: el nuevo rol de la autoridad en el transporte público”, integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) propusieron la creación de una política pública restrictiva a nivel nacional para el uso del vehículo particular, cuyos recursos se destinen íntegramente a mejorar el transporte público de pasajeros.
Rafael Hernández Kotasek, director de Movilidad en Quintana Roo, planteó la creación de una política nacional restrictiva para el uso del vehículo particular, que tenga como base un fondo nacional alimentado con conceptos como tenencia, fotomultas, accidentes y medidas de compensación vehicular, entre otros mecanismos destinados a desincentivar el uso del automóvil, origen de la congestión vial y de las emisiones contaminantes en las ciudades.
Aclaró que las personas tienen derecho a adquirir y utilizar un vehículo para uso particular; sin embargo, sostuvo que las externalidades negativas derivadas de su uso deben transferirse a las externalidades positivas del transporte público de pasajeros. Añadió que un fondo nacional aplicado de manera proporcional en todas las entidades podría representar un avance importante para la movilidad.
Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la AMAM, propuso que el IEPS aplicado actualmente a los combustibles utilizados por el transporte público —como diésel, gasolina, incluidos el gas y electricidad—, sea absorbido por quienes utilizan vehículos privados.
Si yo pudiera cambiar algo, sería que los impuestos de los combustibles del transporte público los pagara quien consume combustible para el transporte privado, y no solo gasolina, también gas o electricidad. El mayor subsidio posible para el transporte público, ¿y quién lo va a pagar? Los del auto. No creo que haya de otra”, afirmó.
En la clausura de la edición 17 del CIT, congreso al que acudieron 2,400 asistentes y se conectaron más de 4,600 personas vía streaming, Nicolás Rosales, presidente de la AMTM, señaló que el financiamiento, los subsidios, la experiencia de los usuarios y la continuidad de las políticas públicas son elementos clave para la sostenibilidad del servicio.
Durante el congreso, expertos abordaron la relevancia de entender al transporte público no solo como infraestructura, sino como un elemento fundamental para la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las ciudades.
