El Producto Interno Bruto (PIB) del país podría retroceder este año entre 3.1% y 5.7% como efecto de la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID-19, estimó la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

De acuerdo con ambos organismos, cada punto porcentual perdido en el PIB le cuesta al país más de 280,000 millones de pesos, por lo que la caída en la actividad económica este año representaría la pérdida de más de un billón de pesos, que se traducen en recursos públicos.

Para los industriales, hay dos escenarios probables para la economía nacional, una en la que el Gobierno federal no aplicaría contenciones extremas contra el Coronavirus como se ha visto en otros países, con lo que el PIB caería 3.1% con una inflación de 3.8%, la pérdida de 615,000 empleos formales, el tipo de cambio en 26.15 pesos por dólar y una contracción industrial de 4.9 por ciento. 

Además, la captación de inversión extranjera directa sería 21% menor, las remesas bajarían 19%, y el consumo privado retrocedería 0.9 por ciento, lo mismo que la inversión privada en 6.5 por ciento.

El segundo escenario es con medidas de contención extremas que duren entre 30 y 45 días, y que detengan la actividad industrial y de servicios en más de 70 por ciento. 

En este panorama y sin un programa contracíclico integral, se prevé una baja del PIB de 5.7%, la inflación en 4.8%, se perderían más de 875,000 empleos formales, el tipo de cambio se ubicaría en 28.35 pesos por dólar y la producción industrial disminuiría 7.1 por ciento. 

La inversión extranjera directa tendría una baja más profunda de 38%, las remesas disminuirían 19%, y el consumo privado caería 2.4%, lo mismo que la inversión privada, en 9.2 por ciento. 

José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, consideró que es 70% probable que el segundo escenario se cumpla, luego que la Administración de Andrés Manuel López Obrador anunciara la suspensión de la mayor parte de sus actividades. 

En conferencia de prensa esta mañana, Hugo López-Gatell, ​​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que a partir de este jueves el Gobierno federal suspenderá la mayor parte de sus operaciones, excepto servicios médicos y tareas relacionadas con energía y seguridad. 

El también Director del IDIC explicó que si las medidas preventivas se extienden a 90 días, los impactos serán mayores. Aunado al golpe de estrategias que adopten otras naciones e industrias, como el control de sus fronteras que EU anunció la semana pasada o el cierre de plantas automotrices en distintas partes del mundo. 

Por ello, urgió al Gobierno federal a crear un consejo que sesione todas las semanas e incorpore varias voces “ante una situación inédita que requiere acciones pragmáticas y fuera de ideología”.

Reiteró el llamado de los industriales para la Administración de López Obrador de implementar medidas que contengan la enfermedad, pero –que a su vez– protejan a los sectores estratégicos, aseguren que no haya quiebres de empresas, y se preserve el empleo.

El especialista subrayó que las medidas restrictivas son un freno al PIB, que se representa en pérdida de empleos, por lo que es imprescindible mantener a las empresas operando y continuar con inversiones en el sector clave, como el de la construcción y manufactura.

Además de atender ‘primero a los pobres’ (como lo señala AMLO), se debe frenar la caída de la economía mexicana, de otra forma, se registrará un mayor índice de pobreza, que, sin un presupuesto público –que está sustentado en el petróleo y el cual registra caídas en sus precios– no podrá sostenerse y no captará más recursos”. 

José Luis De la Cruz

Para CONCAMIN e IDIC, la emergencia de salud pública por el COVID-19 y sus repercusiones económicas son tema de seguridad nacional y deben abordarse con un proyecto nacional para no afectar el sistema socioeconómico. 

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