La orden para cancelar las licencias de conducir en territorio estadounidense a los operadores de vehículos de carga que no dominen el inglés hablado y escrito, es una más de las medidas políticas que intenta implementar el Presidente estadounidense Donald Trump y que incluso estaría trastocando una disposición establecida en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo consideró Kenneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica de este acuerdo, al detallar que los operadores mexicanos que cruzan a Estados Unidos no son una amenaza para la seguridad de esa nación.

“A todas luces parecería una medida proteccionista, porque en realidad la industria no está bajo amenaza por parte de los transportistas mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos”, aseguró en entrevista.

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El pasado 28 de abril, el Gobierno de Donald Trump publicó un mandato para que la Secretaría de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), pudiera generar la baja de los operadores de autotransporte de carga que no dominen el inglés. 

Con ello, exige al conductor saber leer y hablar inglés lo suficiente como para conversar con el público en general, comprender las señales de tráfico en inglés, responder a las consultas oficiales y realizar anotaciones en informes y registros. 

En la sección 4 de la orden ejecutiva también pide la revisión de las licencias comerciales de los operadores de vehículos de carga, no domiciliados en ese país. 

Orden de Trump alteraría el T-MEC

Smith Ramos recordó que no es la primera vez que el gobierno estadounidense intenta frenar la movilidad del autotransporte de carga mexicano, en 1995, cuando estaba vigente el otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos violó los compromisos establecidos en ese entonces, prohibiendo el cruce transfronterizo de operadores mexicanos.

“Estados Unidos violó en 1995 los compromisos del tratado y hubo paneles arbitrales donde finalmente México ganó”, explicó.

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En 2020, con la entrada en vigor del T-MEC, se acordó que las empresas transportistas podían hacer servicio transfronterizo de carga o de pasajeros de largo recorrido sujeto a un permiso otorgado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“En el T-MEC se logró mantener el acceso al autotransporte de carga con una serie de criterios específicos que deben cumplir los vehículos que cruzan hacia Estados Unidos, como normas de seguridad y alumbrado, ademas de la capacitación para los conductores”, precisó.

El también socio del despacho Agon agregó que el peligro para las seguridad vial que argumenta Estados Unidos no tiene ningún sustento.

“En ningún momento ha habido ejemplos de esa naturaleza donde haya un riesgo a la seguridad carretera en ese país por la penetración de camiones mexicanos, que además representan un porcentaje ínfimo”, reitero Smith.

Déficit de operadores en EU

Sobre la cantidad de vehículos de carga desde México que circulan en Estados Unidos, el exnegociador del T-MEC resaltó que son menos del 1% del total del parque vehicular estadounidense.

“Estamos hablando de una flota de más de 30 millones de camiones en Estados Unidos, versus unos 200 o 300 camiones mexicanos que están entrando”, mencionó Smith al reiterar que la orden de Trump “es más bien una cuestión mediática y política, con el afán de golpear”.

Para Kenneth Smith, la presencia de operadores mexicanos de tractocamiones en Estados Unidos incluso beneficia a ese país, ya que “tienen un déficit enorme de conductores y bien harían con otorgar más licencias”.

Se estima que existen alrededor de 66 empresas mexicanas que brindan servicios de transporte transfronterizo, con 889 operadores y 875 vehículos en la modalidad de largo recorrido, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), organismo que ha alertado en distintas ocasiones de la desventaja que tienen para circular en Estados Unidos. 

La orden ejecutiva de Trump precisa que la autoridad reguladora del transporte tendrá 60 días para “emitir nuevas directrices para la FMCSA y el personal de cumplimiento que describan los procedimientos de inspección necesarios”. El plazo vence el 27 de junio.

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