Transportar carga o pasaje sin un permiso expedido por el Instituto de Movilidad de Baja California es considerado un delito que amerita entre seis meses y 6 años de prisión y una multa que va de los 26,000 a 69,000 pesos.
A partir del 21 de junio es considerado como delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el prestar cualquiera de estos dos servicios públicos o privados sin contar con el permiso, la concesión o autorización del Instituto de Movilidad de Baja California.
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El Gobierno de Jaime Bonilla publicó, el pasado 20 de junio, en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Código Penal para que el incumplimiento de un trámite administrativo estipulado por la Ley de Movilidad y Transporte se convierta en un ilícito.
Como efecto de lo anterior, comente el delito de transportación ilegal de pasajeros de carga, quien sin contar con la concesión, permiso o autorización expedidos por el instituto para tales efectos, preste el servicio público o privado de transporte de pasajeros o carga en Baja California, expuso el Decreto.
La pena para quien transporte de manera ilegal personas o mercancías será de entre seis meses y dos años de cárcel, la incautación de los vehículos y una multa de 300 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Mientras que, quien dirija, organice, indúzcame compela o patrocine este ilícito en Baja California recibirá una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 700 a mil UMAs.
Al respecto, Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de Concamin, informó a TyT que las autoridades locales aseguraron que tal Decreto no aplica para el transporte federal.
Sin embargo, está pendiente su aclaración en el reglamento de Movilidad o la modificación en el Código Penal de Baja California.
El pasado 27 de mayo, el Gobierno morenista de Baja California publicó modificaciones a la Ley de Ingresos para establecer cobros a los servicios de transporte de carga en Tijuana, Tecate, Rosarito, Mexicali y Ensenada.
El origen de este cobro, a su vez, fue aprobado el pasado 28 de marzo, tras la prohibición de la circulación en zonas públicas y urbanas del transporte de carga que exceda las 3.5 toneladas.
Así, para la expedición del permiso para poder circular en los municipios del estado los transportistas debían pagar entre 695 pesos y 4,344 pesos.
