Este jueves, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Gobierno federal publicó la directriz de emergencia con la que instruye a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) a establecer una metodología para fijar las contraprestaciones por los servicios de interconexión y las tarifas máximas en la prestación del servicio público del transporte ferroviario de carga. 

El documento Directriz de Emergencia para el bienestar de los usuarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga tiene el objetivo de permitir la elaboración de un mecanismo normativo que garantice tarifas eficientes y equilibradas en los costos de transporte de mercancías vía tren, así como evitar la arbitrariedad por parte de los concesionarios.

El Gobierno federal acusa que el actual régimen en materia tarifaria ha generado prácticas monopólicas, como la discriminación de usuarios a través de impedir el acceso al servicio mediante tarifas excesivas, restricción de la oferta a usuarios pequeños por su volumen de carga, de igual manera mediante tarifas excesivas.

Asimismo, señala que las tarifas registradas ante la ARTF no tienen sustento a costos operativos y que su crecimiento acumulado está muy por encima de la inflación, pues se colocan hasta 83% por arriba.

Agrega que este régimen favorece los flujos y a usuarios que mueven grandes volúmenes de manera frecuente, mientras que el resto queda a expensas de la capacidad disponible del concesionario.

Cabe recordar que durante su consulta en la Comisión nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) consideró que la Directriz de Emergencia es violatoria de la Constitución, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de su Reglamento; mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) consideró que podría generar distorsiones en las decisiones de los concesionarios de este servicio.

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No obstante, la SICT insistió en la necesidad de generar un marco de protección a los usuarios del servicio de transporte público ferroviario de carga, el cual ha provocado un problema social y de seguridad nacional, que requiere de una medida urgente.

Esta medida tendrá vigencia de seis meses y entra en vigor a partir de su publicación.

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