El Diario Oficial de la Federación publicó este martes el decreto por el cual se establecen sanciones para las personas que con fines de un lucro tomen casetas afectando el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, así com para quienes perjudiquen o destruyan vías generales de comunicación.
La reforma, aprobada por el Senado en diciembre pasado, al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala sanciones de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, aproximadamente de 9,600 a más de 48,000 pesos; a quien tomen caseta y cobre ilegalmente los servicios de peaje.
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Con esta reforma al primer párrafo de dicho artículo, queda de la siguiente manera:
«Artículo 533. A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización», indica el decreto publicado en el DOF.
La sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías, que interrumpan total o parcialmente, o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.
El decreto señala que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.
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En diciembre pasado, el pleno Senado de la aprobó el dictamen con 75 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, indicando que con esto se busca proteger la vida y los bienes de las personas que transitan por las carreteras del país; y desechó los señalamientos sobre que esta iniciativa pretende criminalizar la protesta social.
La interrupción del tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje representaron en 2020 un quebranto por 4,121.7 millones de pesos a las arcas de la Federación, de acuerdo con el documento aprobado en esa fecha por los senadores.
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