La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial y se facultó al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales en la materia.
En las reformas a los artículos 73, 115, 122 y cuarto de la Carta Magna, se indica que es necesario facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial.
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Al respecto, Adriana Gabriela Medina Ortiz, depilada del partido Movimiento Ciudadano, afirmó que esta reforma abre la puerta a proyectos estancados por la falta de facultades constitucionales.
Además, dijo, respalda una nueva etapa del país para planear el desarrollo urbano, flujos comerciales, cadenas productivas, salud pública y desplazamientos seguros.
El diputado panista José Elías Lixa Abimerhi habló de la necesidad de que esta reforma esté acompañada de presupuesto suficiente que respalde la política pública que pone a las personas en el centro del desarrollo, no a los vehículos.
En tanto, la morenista Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión señaló que 59% de la población refiere que el precio del transporte público es caro, el 46 % señala que está generalmente sucio y que 62% de los usuarios indica que los choferes manejan mal.
Su compañero de partido, Javier Ariel Hidalgo Ponce, sostuvo que el objetivo es transformar la planeación de las ciudades sin un criterio de mercado, lo que propicia condiciones más igualitarias de movilidad con mayor seguridad para los peatones.
“Al convertirse en un derecho de los ciudadanos se vuelve una obligación del Estado”, refirió.
