La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció extorsiones y abusos sistemáticos por parte de autoridades, así como de servicios de grúas y corralones, en los municipios de San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores, en Nuevo León, y exigió una solución inmediata ante lo que calificó como “una anarquía total”.

Nuevamente, municipios de la zona conurbada de Nuevo León se colocan en el centro de señalamientos por abusos en contra del autotransporte. En conferencia de prensa realizada en Monterrey, integrantes de la Conatram exigieron una reunión urgente con autoridades del Gobierno estatal y con alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey, en busca de una solución inmediata.

El sector enfrenta nuevamente prácticas que afectan gravemente su operación, vulneran el derecho al libre tránsito y generan un impacto negativo en la economía y en la cadena logística del estado”, externó Gustavo Guzmán Romero, secretario de Organización y participante de la Comisión de Enlace Legislativo de la Confederación.

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Conatram busca reunión urgente ante abusos

Los integrantes de la Conatram solicitaron la instalación de “una mesa de trabajo urgente” con la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, encabezada por Miguel Ángel Flores Serna, así como con los presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey, para establecer acciones inmediatas que frenen los abusos denunciados.

En la conferencia, en la que también estuvo presente Diego Bolio, delegado de la Conatram en Jalisco y presidente de la Comisión de Grúas de la organización, se instó a los gobiernos a sancionar a los malos elementos de tránsito. Además, pidieron avanzar en la armonización y homologación normativa entre la Ley de Movilidad estatal, los reglamentos de tránsito municipales y las tarifas estatales de grúas y corralones.

Asimismo, exhortaron al Gobierno de Nuevo León y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a establecer una coordinación inmediata para inspeccionar a permisionarios y concesionarios de grúas y corralones, verificando el cumplimiento de permisos, concesiones, tarifas autorizadas y obligaciones legales, así como retirar del servicio a quienes operen fuera del marco normativo.

En un tercer punto, solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos de supervisión, coordinación y control que garanticen el respeto al marco legal vigente, así como la investigación y sanción de actos de corrupción, abusos de autoridad y colusión en contra del autotransporte de carga.

Van por el uso obligatorio de cámaras y terminales para el cobro de multas

Entre sus demandas, la Conatram planteó trabajar de cerca con legisladores del Congreso local, en particular con integrantes de las comisiones de justicia, seguridad, movilidad y economía, para impulsar reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León, así como al Código Penal del estado, con el fin de establecer con claridad las causales específicas y limitantes para el uso de grúas.

La Confederación busca que sea obligatorio el uso de terminales electrónicas para el pago de multas, la utilización de cámaras durante los operativos de tránsito y la imposición de sanciones penales y administrativas a los servicios de grúas y corralones que operen sin permiso, una problemática que, advirtió, persiste en la mayoría de los estados del país.

Acusaciones contra autoridades de San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores

Los integrantes de la Conatram señalaron abusos sistemáticos y actos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal de San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores. Detallaron que la forma de operar es recurrente: amenazas de remitir las unidades al corralón mediante el uso de grúas como mecanismo de presión para exigir pagos indebidos por supuestas infracciones que, en muchos casos, no ameritan sanción.

Los afectados sostuvieron que existen permisionarios federales y concesionarios de grúas y corralones que no cumplen con la totalidad de los requisitos para operar. “Vivimos una anarquía y cobros excesivos en el servicio de grúas y corralones, con tarifas desproporcionadas que alcanzan miles de pesos en pocos días de resguardo, así como el cobro de maniobras que ni siquiera se realizan, afectando severamente la viabilidad económica del autotransporte”, aseveraron.

En este contexto, hicieron un llamado al Gobierno de Nuevo León y a los municipios, particularmente a San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores, para ordenar y supervisar de manera decidida los servicios concesionados.

Acciones arbitrarias de la Policía de Investigación

Los transportistas afiliados a la Conatram también denunciaron que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León han realizado detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones al libre tránsito del autotransporte de carga durante operativos contra el delito. Además, señalaron que estos elementos han llevado a cabo acciones de control de la circulación, rebasando sus atribuciones legales.

Conatram no solicita impunidad ni excepciones para el autotransporte; por el contrario, exige la aplicación estricta de la ley, que todas las infracciones reales y acreditadas se sancionen conforme a derecho, se permita el pago en los términos legales y se garantice la liberación inmediata de las unidades, evitando el uso indiscriminado y abusivo de grúas y corralones”, subrayaron.

Durante la conferencia se expusieron dos casos representativos de abusos. Uno corresponde a la presunta extorsión de un elemento de tránsito de San Pedro Garza García, quien habría solicitado 20,000 pesos a un operador para evitar una infracción; al no acceder, la unidad fue arrastrada por una grúa y resguardada en un corralón ubicado sobre la carretera a Saltillo.

En otro caso, Fernando Lozano, propietario de una empresa de autotransporte, relató que pagó una multa de 120,000 pesos en Escobedo debido a que su vehículo impactó una lámpara que ya se encontraba dañada. Además, la unidad fue arrastrada por una grúa tipo C y resguardada en un corralón, por lo que le exigían un pago adicional de 552,000 pesos, de los cuales terminó pagando 270,000 pesos.

Transportistas afiliados a la Conatram externaron su hartazgo ante estas prácticas que afectan al área metropolitana de Nuevo León y reiteraron su llamado a las autoridades para poner fin a los abusos. 

En julio de 2024 encabezaron una caravana por las vías que conectan Coahuila con Monterrey, hasta llegar al Palacio de Gobierno, en busca de una audiencia con Samuel García, gobernador de Nuevo León, movilización en la que participaron alrededor de 1,500 vehículos pesados.

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