La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la detención de 14 implicados en el mercado ilícito de combustible, entre los que se encuentran personas que laboraban en empresas de transporte, marinos en activo y en retiro, así como exfuncionarios de Aduanas.
“Estas detenciones que se anunciaron ya se habían denunciado desde el sexenio pasado con el Secretario de Marina, el Almirante Ojeda, cuando un buque que llegó a Tampico fue investigado porque reportaba que cargaba una sustancia que al final resultó ser diésel”, destacó la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.
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La Mandataria agregó que entraba diésel a México sin pagar impuestos y después lo vendían a gasolineras y otros proveedores de combustible de flotillas.
La red de tráfico de combustible
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible.
El Secretario Omar García Harfuch, titular de la SSPC, explicó en una conferencia el domingo que, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico —uno de los más grandes en la historia reciente—, se llevaron a cabo durante varios meses labores de investigación e inteligencia que permitieron revelar la existencia de una estructura criminal.
Dichas indagatorias también hicieron posible identificar su logística de operaciones, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, en el que participaron empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.
A partir de estas labores se integraron carpetas de investigación y con la FGR se generaron los mandamientos judiciales correspondientes, resultado de esto se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.
Destacó que estas personas participaron en la red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos, por lo cual, quedaron a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente, a fin de avanzar en respeto al debido proceso y determinar responsabilidades.
El Secretario García Harfuch también resaltó que para desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, situaciones incongruentes con el perfil de las personas investigadas.
También se integró a 20 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas: personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal. Agregó que la investigación sigue en proceso, a fin de detener a todos los involucrados en este delito. “Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad”, subrayó.
Las denuncias
Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, recordó que, hace dos años, el entonces Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre diversas irregularidades detectadas en distintas áreas.
A partir de esa acción, se emprendieron investigaciones que permitieron identificar conductas que rebasaban el ámbito de las funciones institucionales y que estaban vinculadas con actividades delictivas.
Derivado de las investigaciones relacionadas con estas denuncias y con el robo de hidrocarburos en distintas regiones del país, precisó que se lograron obtener órdenes de aprehensión, así como el aseguramiento de cuentas bancarias, propiedades y vehículos, destacando principalmente el inicio de acciones legales contra funcionarios.
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